El expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014) adoptó una polémica tregua entre pandillas en 2012 como política de gobierno a petición de mediadores de la Iglesia y la sociedad civil, dijo este lunes uno de los defensores de los 18 acusados por las supuestas irregularidades cometidas durante el armisticio.
Manuel Chacón, abogado del exdirector de Centros Penales Nelson Rauda, aseguró a la prensa antes de instalarse el juicio contra los operadores de la tregua y su principal mediador, Raúl Mijango, que Funes dio las “directrices” para que dicha tregua (2012-2014) se convirtiera en una política gubernamental.
Lea además: Expresidente Mauricio Funes afirma que Fiscalía salvadoreña lo acusará de lavado de dinero
Chacón señaló que en el juicio testificará el obispo castrense salvadoreño, Fabio Colindres, que actuó como mediador en un primer momento de la tregua, sobre las reuniones que sostuvo con el exmandatario. “Monseñor Colindres va a establecer que el proceso que él encarnó, como miembro de la Iglesia, se llevó a cabo como una política pública” por “una decisión presidencial” y “que tuvo reuniones con el expresidente donde se concretaron los mecanismos de apoyo a los mediadores”, sostuvo el letrado.
Añadió que una de las “condiciones” que el exmandatario puso para esto fue la intervención de un organismo internacional, por lo que participó la Organización de Estados Americanos (OEA), en esa época dirigida por José Manuel Insulza.
Parte de una política estatal
Hasta la fecha, solo David Munguía Payés, ministro de Seguridad durante la tregua y actual titular de la Defensa, ha admitido que el cese al fuego entre las pandillas y los beneficios carcelarios que recibieron fueron parte de una política estatal. Con estas declaraciones, dadas a inicios de junio pasado, Munguía Payés confirmó la versión de Mijango, el principal mediador de la tregua enjuiciado, y Medardo González, secretario general del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de que la tregua fue una política pública.
Lea también: Reprograman audiencia contra Mauricio Funes en El Salvador
En febrero de 2015, el expresidente Funes justificó el “acompañamiento” y “seguimiento” de su Gobierno a la tregua porque durante esta, el promedio mensual de muertes violentas pasó de 340 a 160, y el registro diario de asesinatos bajó de 15 a cinco.
No obstante, un estudio realizado por el no gubernamental Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social (Incide), sostiene que las pandillas recrudecieron su patrón de violencia entre 2010 y 2015 por el mayor control territorial que obtuvieron con la tregua.
Le puede interesar: Nicaragua otorga asilo a expresidente de El Salvador Mauricio Funes
El fiscal general, Douglas Meléndez, aseguró en mayo de 2016 que durante la tregua, “funcionarios y empleados públicos se valieron de sus cargos para cometer diversos delitos” y “como producto de estas negociaciones con criminales se generó corrupción al romper la legalidad del sistema penitenciario”.
Entre los delitos atribuidos a los procesados están los de agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos al interior de las cárceles, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.