El alcalde Rahm Emanuel decidió llevar a las cortes su rechazo a las políticas migratorias del presidente Donald Trump y este lunes convirtió a Chicago en la primera ciudad en demandar al gobierno federal, por considerar ilegal la retención de subvenciones para la seguridad de las llamadas “ciudades santuario”.
La demanda de 46 páginas fue presentada en la Corte Federal de Distrito en Chicago, un día después de que Emanuel anunciara el litigio y advirtiera que la ciudad, no “será chantajeada para que cambiemos nuestros valores”. Agregó que es inconstitucional que una ciudad “sea coercionada” para cumplir una política. No hay una definición oficial de “ciudad santuario”, pero a menudo significa que una ciudad coopera poco (o no lo hace) con las autoridades federales de inmigración en cuanto a la persecución de personas que viven en Estados Unidos sin autorización.
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Una ciudad puede recibir esa denominación, por ejemplo, cuando le ordena a su policía que no pregunte sobre el estatus migratorio de un detenido o que decline peticiones de las autoridades migratorias para mantener retenidas a personas que podrían ser deportadas. Para Chicago, son inconstitucionales los nuevos requisitos para recibir subvenciones (las cuales se destinan a seguridad pública) y que incluye, entre otros requisitos, compartir información con los federales de inmigración.
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Ahora que la demanda ya fue presentada, se podría pedir en primera instancia a un juez que congele la política al menos hasta que se solucione el caso civil, dijo Edward Siskel, jefe del departamento legal del ayuntamiento. La solicitud de una suspensión preliminar se presentará en días. La ciudad está recibiendo asistencia gratuita de dos despachos jurídicos.
Subvenciones desde 2005
Chicago ha recibido este tipo de subvenciones desde 2005, el más reciente por 2.3 millones de dólares el año pasado, que se han utilizado para la compra de vehículos y equipo policial. “Las nuevas condiciones (que darían a las autoridades federales el poder de entrar a instalaciones de la ciudad e interrogar a arrestados a voluntad y obligarían a la ciudad a detener a individuos más tiempo del justificado por causa probable, solamente para permitir que autoridades federales investiguen su estatus migratorio) son anticonstitucionales y no están autorizados”, dice la demanda.
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Chicago prohíbe a sus policías proporcionar a los federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) acceso a personas bajo custodia, a menos que cuenten con una orden judicial o que los detenidos tengan antecedentes penales graves.
La policía tampoco debe permitir que los agentes del ICE utilicen sus instalaciones para interrogatorios, responder a sus preguntas o hablar con ellos sobre el estatus de un detenido o su fecha de liberación.
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Chicago es considerada ciudad santuario desde la década de 1980 y ha reforzado sus políticas, en particular desde que Trump llegó a la Casa Blanca.