A finales de la semana pasada, la Cámara Minera presentó el Estudio Análisis de la Actividad Minera en Nicaragua 2006-2016, que fue elaborado por Copades y contó con el apoyo de Cosep.
Tal como lo expresara en sus palabras su presidente Sergio Ríos, el estudio examinó de forma exhaustiva la información disponible sobre exportaciones, producción, empleo, salarios, proyectos sociales, inversiones, entre otras, para poder contar así con los elementos de análisis que permitan una mejor comprensión del impacto positivo de un sector productivo que cuenta con un importante arraigo histórico y social en el país.
Me correspondió dar las palabras de cierre de la actividad. En mi intervención resalté la importancia que tiene la actividad minera para las empresas, sus trabajadores, las comunidades donde está presente, para el país y la región.
Destaqué el posicionamiento regional que hicimos desde Fedepricap el 17 de julio pasado sobre la suspensión de la licencia de la Mina San Rafael en Guatemala por una disposición de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala por una interpretación del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.
El respaldo que todas las organizaciones le dimos a Cacif en las acciones legales que está tomando para revocar esa sentencia, como parte del trabajo gremial nacional y regional, en donde nos corresponde defender a las empresas, defender el esfuerzo de inversión que se viene haciendo en cada uno de los países de la región.
En este contexto transcribo textualmente el último párrafo del pronunciamiento:
“Por lo anterior Fedepricap considera que los países de la región necesitan ser más competitivos a nivel global y estima que resoluciones como la de Minería San Rafael no hacen más que afectar a Guatemala y a la región afectando la inversión por la falta de certeza jurídica, ponen en riesgo también el empleo de los ciudadanos guatemaltecos, así como los beneficios que deja de percibir el Estado y la población derivado del crecimiento económico que generan los sectores productivos”.
El comunicado destaca cómo la falta de certeza jurídica de esta decisión afecta la inversión, el empleo, los ingresos tributarios y a las propias comunidades.
¿Por qué estoy mencionando esto?
Porque cuando estaba escuchando la presentación de los resultados del estudio quise cuantificar lo que significaría para Nicaragua si se suspendieran las licencias de las empresas mineras en el país utilizando la información y cifras del propio estudio.
Si le ponemos números a la inversión, la inversión extranjera directa acumulada en la minería en el período 1991-2016 es de 917 millones de dólares. El 73 por ciento de esta inversión se concentra en los últimos seis años. Esto equivale a 670 millones de dólares.
Si le ponemos números al empleo, el sector cuenta a la fecha con 4,983 trabajadores activos asegurados. Entre 2006-2016 el empleo ha aumentado a un ritmo de 8.4 por ciento promedio anual. El salario promedio mensual equivale a 712 dólares que está muy por encima del salario promedio nacional. Además, se estima que el sector genera unos 20 mil empleos indirectos y le brinda servicio a aproximadamente entre 7,500 y 10,000 mineros artesanales.
Si le ponemos números a los beneficios que dejaría de percibir el Estado, el monto total de los impuestos mineros pagados al Gobierno central entre 2012 y 2016 alcanzó los 56 millones de dólares. El 35 por ciento de ese total, 19.6 millones de dólares, fueron transferidos a las alcaldías municipales.
Y si hablamos del impacto en las comunidades, voy a ejemplificar solo con el caso de Bonanza. En el año 2005, antes de la llegada de la empresa minera Hemco, la población del municipio era de 18,633 personas según datos del censo oficial. Hoy son más de 42 mil personas las que habitan en la localidad.
¿Por qué se ha duplicado la población desde que llegó Hemco?
No es por casualidad. Además del empleo que la empresa ha generado, también ha desarrollado un programa de ordenamiento de desarrollo urbano en conjunto con la comunidad que ha resultado en un nuevo estadio, parque comunal, un centro de desarrollo infantil, una casa de maternidad, una biblioteca, centro de lectura infantil, mejora en los accesos de luz, agua y caminos, comisariato, entre otros beneficios para la comunidad.
¿Además qué otra actividad podría sustituir todos estos resultados? De acuerdo con nuestro criterio no la hay.
Es por ello que, tal como lo demuestra el estudio, en Nicaragua la actividad minera tiene un enorme impacto positivo en el país.
El autor es presidente del Cosep.
