El agente José Adán Servellón Benavides fue asesinado frente a dos de sus hijos en agosto de 2015, tenía 37 años de edad y trece formando parte de la Policía Nacional Civil (PNC) Se dirigía a conseguir comida para su familia cuando fue interceptado por un grupo de pandilleros, quienes le dispararon en la cabeza. Murió en pocos minutos.
Con su muerte, Adán Servellón dejó a cuatro menores en la orfandad y a su pareja embarazada.
“Fue una tragedia, por cómo lo mataron, por cómo era él y por la familia que dejó”, relata un agente policial en servicio, amigo cercano de Servellón, que prefiere no revelar su identidad por temor a represalias.
En El Salvador, la guerra contra las pandillas ocasiona decenas de muertes de policías cada año. Asesinados a sangre fría o en enfrentamientos, en el país han muerto más de 176 agentes de forma violenta desde 2013.
La mayoría han sido víctimas de alguna de las dos principales estructuras criminales que operan en el país: Mara Salvatrucha y Barrio 18, que hacen de esta pequeña nación centroamericana, una de las más violentas del mundo.
Los policías asesinados dejan tras de sí a centenares de niños huérfanos que ingresan a un sistema de asistencia social que, según voces críticas, los confina al completo abandono, con apoyos económicos que no sustentan siquiera la alimentación básica y menos otros derechos fundamentales.
“Ahí no matan, ahí ahorcan”
BBC mundo pudo comprobar que en ese estado se encuentran los cinco hijos del agente Adán Servellón.
Viven en el municipio de Huizucar, una aislada zona rural a 30 minutos de la capital, San Salvador. Para llegar hay que atravesar una complicada ruta, constantemente asediada por pandillas.
Es la única forma de entrar o salir. En ese camino, cerca de un puente, mataron al agente Servellón. A las afueras del pueblo, no importa a quien se le pregunte, la advertencia es siempre la misma: no entrar en ese sendero con demasiada confianza.
“Ahí no matan, ahí ahorcan”, afirma, con risa nerviosa, una mujer desde la puerta de su casa.
La zona muestra la pobreza en la que suelen vivir los policías y sus familias.
Esa condición se vuelve incuestionable al ingresar en la casa de Carolina Cornelio, la viuda de José Adán Servellón.
Sus hijos ahora tienen catorce, doce, once, cinco y un año y medio de edad. Los primeros cuatro estudian, pero los mayores deben trabajar para ayudar con los ingresos del hogar.
Siembran frijol y maíz, una parte de lo cultivado es para que la familia se alimente y el resto para conseguir algo de dinero. La abuela de los menores viaja, junto a una de sus nietas, al pueblo más cercano para vender el producto.
Es muy poco. “A veces no hay que darle a los niños, aunque pidan, no hay qué comer”, señala Carolina con resignación en su tono. Ella trabaja ocasionalmente lavando y planchando ajeno.
Va solo cuando la llaman, “no es seguro salir demasiado, por la situación”, declara bajando el volumen de su voz y mirando a los lados, como asegurándose de que nadie más la escuche.
La mujer asegura haber entregado todos “los papeles” que la policía le solicitó: actas de matrimonio y defunción de su esposo, documentos del seguro y todo lo relacionado a ella y su familia; sin embargo, no han conseguido respuesta y afirma que tampoco se han acercado a representantes de la policía para conocer de oficio los detalles de su caso.
Carolina defiende que la corporación conoce de la existencia de los cinco hijos de Adán; sin embargo, más allá de una primera ayuda para el sepelio de su pareja, no han recibido nada. “No sé a quién se lo estarán dando, pero a mi no es”, añade.
Asistencia
En agosto de 2015, dos meses después de la muerte de José Adán, el presidente Salvador Sánchez Cerén y el entonces director de la policía, Mauricio Ramírez Landaverde, anunciaron el inicio de su plan de asistencia a hijos y familias de agentes asesinados.
El programa otorgaría una cuota mensual escalada para los menores de 18 años, además de incluirlos en un sistema de becas de estudio.
El proyecto, dijeron, se financiaría a través de un fideicomiso de US$787.500 impulsado por la empresa privada y la ciudadanía. Para 2017, el presupuesto general aprobado para la policía es de más de US$430 Millones, de los cuales $274.920 están dedicados al apartado de atención a víctimas de delitos, es decir un 0.063% del presupuesto total.
No existe, en el presupuesto de la corporación, otro apartado referente al tema y no son públicos los detalles sobre si ese monto incluye a hijos de policías asesinados, hay quienes creen que no es así.
Uno de los que piensa que la policía cuenta con los fondos suficientes para acompañar a estas familias y no lo hace es Marvin Reyes, presidente del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), que vela por los derechos de los agentes policiales.
Él considera que los programas de apoyo a familias de policías que murieron realizando su trabajo o a consecuencia de este, realmente no existen. Afirma que los anuncios del gobierno son una estrategia propagandística.
“Realmente, la policía no le da ningún seguimiento a la familia”, dice. En su opinión, lo mínimo que deberían hacer es “dejarle de por vida a la familia el salario que el policía ganaba, asegurar planes de estudio para los hijos y atención psicológica para todos los integrantes”.
“Parece que hubiera un desprecio hacia el policía y su familia por parte de las autoridades“, asegura.
Ausencia
Lo cierto es que ninguno de los programas, reales o ideales, han tocado a la puerta de Carolina y sus hijos.
Ellos estudian en la pequeña escuela del caserío en el que habitan, excepto el mayor, quien debe viajar hasta el pueblo más cercano para recibir clases. Lo hace caminando, por la única ruta existente, pasando todos los días por el punto exacto donde vio morir asesinado a su padre.
Él no habla mucho del tema, pero su madre dice que a veces llora cuando cree que nadie lo está viendo. Aunque si hijo de doce años, que también presenció la muerte de su padre, pregunta constantemente por su él.
“¿Por qué los otros niños tienen papá y yo no?”, cuestiona a su madre y ella no sabe qué responder.
Carolina piensa que sus hijos, además de asistencia económica, también necesitan ayuda psicológica. “A veces solo pensando en eso pasan y tienen pesadillas. Ellos quieren que todo siga igual, pero ya no se puede”.
Unos días después del asesinato de José Adán, la policía lo despidió con honores, como es costumbre.
A Carolina le entregaron una bandera de El Salvador, la misma que el día del funeral cubrió el ataúd. Los niños que nada más volver del cementerio comenzaron a sentir la ausencia. Su padre los acompañaba a la escuela, les compraba los uniformes, libros y zapatos. Los hacía sentir seguros.
“Es duro ver cómo quedaron y el olvido en que los han dejado“, señala el agente que fue amigo de Adán.
Él y otros compañeros de la delegación en donde el policía estuvo destacado, apoyaron a la familia con víveres y la gestión y los trámites que hicieran falta para que los menores fueran incluidos en los programas de ayuda de la corporación policial.
“Fue tan matador, viajar y viajar sin apoyo de nadie por parte de la institución”, agrega.
“Bienestar Policial se aprovecha de la situación y si la familia no presiona se agarran la plata”, afirma el agente, en referencia al bono mensual que debería recibir cada hijo de un agente asesinado.
Bienestar Policial es el nombre de la dependencia de la PNC que se encarga de organizar los sepelios. Estos suelen ser actos públicos y mediáticos a los que asisten altos dirigentes de la corporación para presentar sus respetos a la familia y despachar discursos sobre exhaustivas investigaciones para dar con los culpables.
Esa misma dependencia debe dar seguimiento y asistencia a las familias de los policías asesinados
Sin embargo, Carolina asegura no haber vuelto a saber de esa institución después del sepelio. Únicamente recuerda que en algún momento le mencionaron que la asistencia sería de $25 dólares por cada uno de sus hijos.
“Eso en un par de zapatos se va”, afirma. “¿Y para que coman todos?”, lanza la pregunta al aire, mientras sostiene entre sus manos la bandera que le entregaron en el funeral de su esposo. Lo único que le queda.
La historia de Wendy
En similares circunstancias se encuentra la familia de la agente Wendy Yamileth Alfaro Mena, que fue asesinada también en 2015. Tenía 27 años de edad y los últimos cuatro formando parte de la policía.
Al igual que el agente Servellón, fue emboscada por cinco pandilleros cuando compraba comida para su familia, a escasos metros de su hogar, en el oriente del país.
En ese año, el de mayor número de muertes de policías en la historia de El Salvador, su caso fue particular por ser la primera mujer policía asesinada por pandilleros. Con su muerte dejó a un pequeño de dos años en la orfandad.
Marvin Reyes conoció de cerca el caso. Recuerda que familiares de Wendy tomaron en custodia al niño para protegerlo de posibles represalias e incurrieron en gastos para cumplir con los trámites y documentos que se exigían para formar parte del programa que prometía el gobierno.
Recuerda que incluso debieron demostrar que Wendy realmente había muerto en las circunstancias en que lo habían descrito
Después de muchos viajes a la capital y engorrosos procesos y entrevistas, el hijo de Wendy consiguió ser incluido y aun así debió esperar cerca de medio año para recibir el primer desembolso económico: 50 dólares, que no cubrieron siquiera los gastos que tuvo la familia para incluir al menor en el programa.
Cuando preguntaron por las becas que el gobierno había prometido, la respuesta fue que la corporación estaba esperando a que alguna institución se acercara a ofrecerlas, según Reyes, “la PNC no busca ni gestiona de oficio las ayudas que promete para los hijos de los policías asesinados. ”
“Me lo contaban a mí con una decepción tremenda”, agrega el expolicía. “Para las autoridades que dirigen la corporación, la vida de un elemento policial que recibió una muerte horrible, vale 50 dólares y ningún esfuerzo más”, lamenta.
Ola de homicidios
En lo que va de 2017, trece policías han muerto a causa de las pandillas. En el mes de julio ocurrió la mayor ola de homicidios, en pocos días fueron asesinados al menos seis agentes.
Uno de los casos que causó mayor conmoción es el del agente Víctor Alcides, de 30 años, cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado dentro de bolsas plásticas en una transitada carretera a las afueras de la ciudad.
El más reciente homicidio fue el del sargento Víctor Manuel Salazar, quien, como en la mayoría de los casos, se encontraba de licencia cuando fue atacado por pandilleros dentro de su casa, a la vista de su familia.
Óscar Ortiz, vicepresidente de El Salvador dijo a la prensa, que “el apoyo que le vamos a dar a las familias es como el que le estamos dando a todas las familias de policías caídos”, reiteró.
Además dijo que “esto no va a hacer desanimar esta gran cruzada que tenemos contra el crimen y la extorsión” y agregó que “debe reforzar la moral nacional y la moral de nuestra policía”
Ante el incremento del asesinato de policías, el Movimiento de Trabajadores de la Policía, liderado por Marvin Reyes llamó a los agentes a protestar por la falta de garantías para llevar a cabo su trabajo.
“Hagamos temblar las calles”, dice el comunicado que difundió el MTP: “vamos, a una sola voz, a denunciar la actitud de desprecio por parte de las autoridades ante la muerte de compañeros, así como la inexistencia de planes de protección para los trabajadores policiales y su familia”.
En repetidas ocasiones, BBC Mundo intentó conocer la opinión de las autoridades de Bienestar Policial sobre la implementación de los programas de asistencia a agentes de la corporación y sus familias; sin embargo, no hubo respuesta a pesar de la insistencia por diversas vías.
Muchos casos
Eso lo sabe bien Mirna Alvarez. Ella fue policía y parte del equipo de Bienestar Policial en el occidente del país. Por sus manos pasaron incontables casos de asistencia social a familias de policías asesinados.
Ella confirma a BBC Mundo que, como la familia del agente Servellón o la agente Alfaro, hay decenas por todo El Salvador.
Según Mirna, Bienestar Policial no se preocupa por conocer las particularidades y necesidades de cada caso y cada familia. “No lo hacen, por mi ha pasado”, declara; “eso solo es teatro público”, agrega.
La ex policía denuncia que ella fue retirada de su cargo, en parte por explicarle a los policías y a sus familias cuáles son sus derechos.
“Hay casos en donde el fallecido no tiene a nadie en los seguros y ellos se quedan con ese dinero”, confirma y señala que, en efecto, la ayuda para los hijos de los policías asesinados no es suficiente como para cubrir el costo de la canasta básica de una familia y las autoridades lo saben.
“No es justo que la institución a la que tanto se ha servido, trate a las familias como que son perros“, agrega y advierte que el abandono de las autoridades es un factor que abona al incremento en el número de ataques a policías y a sus familias, que la impunidad en que viven quienes dañan a un agente o a sus familiares es la clave de ese aumento.
La razón
Marvin Reyes, que fue parte de la corporación policial por más de 20 años, cree que el incremento en el número de ataques a policías se debe, en parte, a la implementación de una serie de medidas extraordinarias que, entre otros puntos, refuerzan la seguridad en Centros Penales, restringen privilegios a reos y cabecillas de pandillas recluidos, además de reforzar la seguridad pública con ayuda del ejército salvadoreño.
“Cuando ellos (los pandilleros) se ven acorralados en muchos aspectos, recurren a medidas que incluyen el asesinato de familiares, policías, miembros del ejército y centros penales”, afirma Reyes.
En su opinión, el objetivo es incidir en la moral y afectar así a los responsables de salvaguardar la seguridad pública.
Reyes también cree que la muerte de policías se debe a una respuesta por parte de las pandillas a las acciones operativas que ordena la dirigencia de la corporación y que los agentes no tienen otro remedio que obedecer.
“Violencia genera violencia”, afirma y señala que “se está produciendo una espiral de venganza que va a ser difícil de tratar en un futuro cercano”.
“Cuando no lo pueden matar a uno, matan a la familia. Los padres, hijos, esposas, hermanos, tíos, sobrinos y todo aquel que tenga vínculos con alguien de la institución”, señala también Mirna Álvarez.
En lo que va de 2017, doce familiares de policías han sido asesinados por pandilleros, superando, por primera vez, al número de agentes muertos, que a esta fecha es de nueve. Las medidas extraordinarias que debían concluir en abril de 2017, fueron prorrogadas un año más por la Asamblea Legislativa.
Desde la fundación de la Policía Nacional Civil, en 1992, más de 1.100 agentes han sido asesinados.