El gobierno de Venezuela fue acusado este martes por la ONU de uso de “fuerza excesiva” en las protestas opositoras, aumentando su aislamiento internacional tras la instalación de una polémica Asamblea Constituyente que profundizó la crisis.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, denunció el “uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes” e incluso “torturas”. El secretario general del organismo, Antonio Guterres, dijo estar preocupado de que Venezuela se esté distanciando de la paz.
Maduro también se enfrenta a una posible condena de 17 países de América, cuyos cancilleres evalúan en Lima la crisis, tres días después de que el Mercosur (Mercado Común del Sur) suspendiera a Venezuela alegando una “ruptura del orden democrático”.
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En Caracas se reúnen cancilleres del ALBA, el grupo de países aliados de Maduro entre los que figuran Cuba, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, advirtió el lunes que “no descarta” romper relaciones con Venezuela.
La Constituyente se instaló en medio de denuncias de fraude y sin el reconocimiento de Estados Unidos, la Unión Europea, una decena de países latinoamericanos, la OEA y el Mercosur. Además, el gobierno de Donald Trump impuso sanciones financieras y jurídicas a Maduro y 13 de sus funcionarios y excolaboradores, y amenaza con medidas más drásticas. “El cerco internacional (…) es necesario para que en Venezuela haya un cambio político”, dijo Luis Florido, jefe de la comisión de política exterior del Parlamento de mayoría opositora.
Toma del Legislativo
En sesión este martes en el Palacio Legislativo, los 545 asambleístas, todos del oficialismo, aprobaron un acuerdo de respaldo a la Fuerza Armada, luego del ataque al cuartel en Valencia el domingo por un comando de una veintena de hombres, que dejó dos muertos, un atacante herido y ocho capturados. Ovacionado por los asambleístas, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, reafirmó desde la tribuna del salón protocolar, el carácter “antiimperialista” y revolucionario” de la Fuerza Armada, que según dijo “no tiene militancia política”.
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Además, militares impidieron ingresar a diez diputados opositores y la noche del lunes “tomaron” con un grupo de asambleístas, el salón protocolar, denunció el Congreso, que debate en el hemiciclo y sesionará el miércoles. “Este gobierno invade los espacios que ya no es capaz de ganar legítimamente”, aseguró Stalin González, jefe de la mayoría opositora.
En la continuación de las protestas contra Maduro, que dejan 125 muertos en cuatro meses, apenas un centenar de personas participaron este martes en el este de Caracas en los bloqueos de calles convocados por la oposición, y fueron dispersados con bombas lacrimógenas.
Inmunidad parlamentaria
La Constituyente se estrenó el fin de semana con la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega, chavista que rompió con Maduro, y en sus próximas acciones podría dejar sin fuero parlamentario a varios opositores para enviarlos a prisión. “La Constituyente puede levantarle la inmunidad a Raimundo y todo el mundo”, advirtió el poderoso asambleísta Diosdado Cabello.
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Según el expresidente parlamentario, Henry Ramos Allup, “con testigos falsos y pruebas ficticias pretenderán eliminar la inmunidad parlamentaria”. La oposición, que acusa al poder electoral y judicial de servir al gobierno, teme una “cacería de brujas” con la Constituyente.
La Constituyente redactará una Carta Magna para sustituir la de 1999 y regirá al país por hasta dos años -más allá del mandato de Maduro, que termina en enero de 2019- como un poder plenipotenciario, tomando decisiones de aplicación inmediata.
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La oposición, que exige comicios generales, asegura que la Constituyente sólo busca mantener a Maduro en el poder e instaurar una “dictadura comunista”.
Elecciones, la encrucijada
Tras su infructuoso intento de frenar la Constituyente, la oposición está ahora frente al dilema de ir o no a las elecciones de gobernadores de diciembre, cuya inscripción de candidatos se realiza entre martes y jueves.
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La oposición debe tomar la decisión luego de denunciar que la votación de la Constituyente, fue el “fraude más grande de la historia”, por lo que corre el riesgo de perder apoyo popular como cuando aceptó un fallido diálogo con el gobierno a fines de 2016.
“Las elecciones forman parte de una guerra de posiciones y como tal, hay que pelear por esas posiciones”, declaró el analista Luis Salamanca. En 2005, tras denunciar un fraude en un referendo contra el presidente Hugo Chávez, la oposición no fue a las parlamentarias, lo que dio control absoluto al chavismo sobre el Parlamento durante cinco años.