Tras cuatro horas de negociaciones con representantes del Gobierno, estos últimos asumieron diversos compromisos con dirigentes del sector ganadero, con perspectivas de resolver la crisis que se enfrenta por la caída del precio de la leche y los obstáculos que países vecinos imponen a las exportaciones lácteas. Los ganaderos dan diez días para que el Gobierno muestre resultados positivos.
“De momento los planes de protesta quedan replanteados, no suspendidos, porque la crisis continúa. Lo que nosotros estamos replanteando es ver los puntos que llenan las expectativas para la solución del problema”, sostuvo Walter Lima, dirigente de los productores lácteos del llamado “cuadrilátero lechero”.
Según Lima, otorgarán al Gobierno un plazo de diez días para que cumpla con los compromisos, ya que no es la primera vez que lo hace y no cumple. Además, a partir de septiembre entra en vigencia una serie de medidas anunciadas recientemente por El Salvador y que restringirá aún más el ingreso de productos lácteos a ese mercado. Ese país es el principal comprador del queso nicaragüense y en las últimas dos semanas unas cuatrocientas mil libras de ese producto no han podido ingresar a ese mercado.
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“Por eso las negociaciones tienen que empezar a partir del miércoles (hoy), porque no hay tiempo que perder”, dijo Lima anoche al salir de la reunión con representantes del gabinete de Producción, Consumo y Comercio, realizada en el Banco Central, institución que nuevamente impidió el ingreso de LA PRENSA a sus instalaciones para cubrir dicha reunión.
Sobre El Salvador
Con respecto a las medidas restrictivas impulsadas por El Salvador el compromiso de las autoridades locales fue impulsar, a partir de hoy, una mesa de negociación bilateral con la participación del sector privado, confirmó Willmer Fernández, presidente de la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo (Canislac).
El sector lácteo ha insistido en que no está en contra de la aplicación de medidas sanitarias que garanticen la calidad de los productos que se envían a ese mercado, pero rechaza el establecimiento de medidas “proteccionistas” que violarían las normas del libre comercio centroamericano.
En el caso de Honduras, que mantiene cerradas sus fronteras a los productos lácteos nicaragüenses desde hace casi dos años, los productores insisten en que se active un mecanismo de solución de controversias a través de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca).
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Pero según Fernández, en los próximos días se realizará una nueva reunión en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) para determinar qué otras acciones pueden impulsarse para lograr la reapertura de ese mercado.
Otra medida que se tomará para paliar la crisis de precios bajos que enfrentan los productores, provocada por una supuesta sobreproducción de leche, es revisar las importaciones de leche en polvo y de otros productos que están sustituyendo la producción nacional y que además se comercializan sin cumplir las normas de etiquetado que establece el Reglamento Técnico Centroamericano para el uso de Términos Lecheros, explicó Fernández.
También lo del IR
Durante el encuentro entre ganaderos y representantes del Gobierno también se acordó aclarar la interpretación de la Ley 822, Ley de Concertación Tributaria, que desde su entrada en vigencia en 2013 realiza la Dirección General de Ingresos para el cobro del Impuesto sobre la Renta (IR) a las cooperativas.
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La DGI calcula y cobra el IR sobre los ingresos brutos y no sobre las utilidades. Las cooperativas alegan que eso es incorrecto e injusto, ya que los ingresos que reportan no le pertenecen a la organización, sino que son la sumatoria de los ingresos de todos sus socios.
280
millones de galones de leche es la proyección de producción para este año, según el Plan de Producción para este ciclo. De ese volumen unos 175.7 millones de galones serían acopiados para procesarse.