Los cancilleres de 17 países latinoamericanos, y de Canadá, adoptaron en Lima, Perú, una Declaración sobre la situación de Venezuela en la que rechazan de manera contundente la dictadura de Nicolás Maduro.
La soga de la presión internacional en el cuello del dictador venezolano se va zocando más. En su Declaración de 16 puntos aprobada este martes 8 de agosto, los cancilleres de los 17 países de las América condenan la ruptura del orden democrático en Venezuela; no reconocen a la espuria asamblea constituyente de Nicolás Maduro ni los actos que emanen de ella; respaldan a la Asamblea Nacional elegida democráticamente; apoyan a la fiscal general Luisa Ortega y la institucionalidad del Ministerio Público; condenan las violaciones masivas del régimen de Maduro a los derechos humanos; llaman a que no haya más transferencia de armas a Venezuela; y apoyan todo esfuerzo de “negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de todas las partes y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país”.
Los firmantes de la Declaración de Lima sobre Venezuela, entre los cuales están los países más grandes y fuertes de América Latina, como Brasil, México y Argentina, se reunieron fuera del marco de la OEA. Este hecho sin precedente en la historia de las relaciones regionales intergubernamentales, ha sido posible por la incapacidad de la OEA para lograr consenso de sus Estados Miembros sobre la tragedia venezolana, ante la cerrada oposición perturbadora de los regímenes autoritarios como el de Daniel Ortega en Nicaragua y de algunos pequeños países antillanos sobornados también con el petróleo venezolano.
Ante la crisis de funcionalidad de la OEA en la defensa de los principios y valores de la Carta Democrática Interamericana, algunos expertos internacionalistas sugieren cambiar el mecanismo de toma de decisiones de dicho organismo hemisférico, a fin de evitar que países minúsculos y muy poco representativos impidan por intereses mezquinos la aprobación de resoluciones trascendentales y urgentes.
Pero eso sería contrario al principio de igualdad jurídica en las relaciones internacionales, según el cual, en general los Estados deben tener un voto cada uno en los organismos multilaterales, independientemente de su tamaño geográfico, poder económico y fuerza política y militar.
La solución razonable encontrada por los gobiernos democráticos de América Latina, ha sido la de reunirse fuera de la OEA y adoptar acuerdos que por sus efectos tienen la misma importancia y valor político y jurídico, que si fueran tomados en el seno de la organización hemisférica.
Pero los gobernantes democráticos latinoamericanos podrían, todavía, ser más resueltos en el cumplimiento de su deber de vigilar el respeto a la libertad y la democracia en las Américas. Podrían, por ejemplo, separarse permanentemente de los gobiernos autoritarios y sus acólitos y tener la libertad de tomar decisiones sin el bloqueo de los enemigos del sistema democrático. Hay que dejar que los gobiernos autoritarios se asocien y reúnan aparte, si quieren, para que dejen de sabotear el esfuerzo de los que trabajan por la libertad, la democracia y la prosperidad.
