El problema de propiedad persiste en Nicaragua, aunque autoridades como el poder judicial y la Procuraduría General de la República aprueben normativas administrativas para ir saneando la titularidad y posesión de las tierras en conflicto.
Esta vez unas 50 familias de origen humilde denunciaron ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que tomatierras apoyados por el procurador auxiliar Pablo Ventura y agentes de la Policía Nacional les destruyeron sus viviendas y los desalojaron con violencia a pesar que mostraron escrituras públicas de sus tierras.
“Esa gente son las mismas a las que el Gobierno ya les dio parcelas de tierras, pero las venden y anda invadiendo las ajenas con ayuda de empleados públicos para luego seguir negociando las tierras”, dijo Alberto Ramón Ramos, uno de los perjudicados.
Desalojo violento
Los hechos supuestamente se dieron el 6 de agosto y la policía se llevó retenido a cuatro personas a quienes mantuvo presos por 24 horas.
Las tierras invadidas están ubicadas en el kilómetro 92 carretera a La Ceiba del departamento de León.
Las familias afectadas aducen que tienen más de 12 años viviendo en esas tierras y hasta este año empezaron a perturbarlos. Se ampararon ante el juez quien ordenó al procurador y policía que no perturbaran a los afectados.
Niñez afectada
Unos 40 niños y niñas quedaron sin techo después que la Policía destruyó las 50 viviendas de zinc y de plástico en la finca Santa María ubicada en la Comunidad La Ceiba del departamento de León.
Según Rigoberto Téllez, uno de los afectados él andaba trabajando cuando le destruyeron su casa y encontró a su mujer y dos hijos a la intemperie con sus pocos enseres domésticos destruidos.
Los afectados llegaron al Cenidh a denunciar la supuesta invasión de tres manzanas de tierra, que el Estado las reclama como propias.