Al menos 37 personas murieron y 14 funcionarios resultaron heridos durante la toma de una prisión de Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, en el sur de Venezuela, informó este miércoles el Ministerio Público (MP).
“Los decesos ocurrieron durante toma de Centro de Detención Judicial de Amazonas (CDJA), en la cual resultaron heridos también 14 funcionarios”, adelantó la Fiscalía sin ofrecer más detalles sobre lo ocurrido o quiénes fueron las víctimas del procedimiento.
El gobernador de Amazonas, el opositor Liborio Guarulla, fue el primero en denunciar las muertes, y aseguró que la “masacre” ocurrió por la actuación de una Unidad Especial del Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz que intentó tomar “por la fuerza” el retén.
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Una fuente que conoció de primera mano el procedimiento indicó que lo ocurrido en el CDJA, que es un calabozo del Ministerio de Interior, detonó en el momento en que una comisión mixta de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana practicaba una requisa.
El número de decesos registrados en este retén representa el 40 por ciento del total de la población carcelaria que albergaba aproximadamente un centenar de reos, según al misma fuente.
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Los calabozos y los centros de prisión preventiva, controlados por autoridades municipales y el Ministerio de Interior mantienen los números más altos de hacinamiento, violencia, armas, y drogas controladas por los propios reclusos, gracias a la corrupción de los funcionarios policiales.
Sistema penitenciario violento
Venezuela, el tercer país con la menor población reclusa de la región, tiene un promedio de 166 privados de libertad por cada 100 mil habitantes, según datos oficiales.
Sin embargo, el sistema penitenciario ha sido por años uno de los más violentos de América Latina.
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El Gobierno chavista ha implementado un plan de pacificación de las cárceles del país que dirigen el Ministerio de Servicios Penitenciarios, que ha implantado un régimen militarizado en más de la mitad de las cárceles del país, pero que aún no ha logrado desarticular las más violentas.
Crisis rampante
El suceso reflotó la crisis penitenciaria de Venezuela, en medio de frecuentes enfrentamientos entre reclusos por el control de las prisiones y denuncias de violaciones de derechos humanos, así como de muertes por falta de alimentos y medicinas. El pasado 26 de abril, un choque entre bandas rivales dejó 12 muertos y 11 heridos en la cárcel de Puente Ayala, en la ciudad de Barcelona (este).
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Un mes antes fueron hallados los restos de 14 personas en una fosa común en la clausurada Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de Los Morros (centro). En videos publicados en redes sociales sobre ese suceso, detenidos y familiares denunciaban falta de comida y de tratamiento médico ante enfermedades como tuberculosis, lo que habría causado una decena de muertes.
Desde julio de 2011, el gobierno puso en marcha un plan para pacificar los penales y adecuarlos a estándares internacionales. Hay unas 50 cárceles en el país, de las cuales 98 por ciento funcionan bajo el nuevo régimen.
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Pero Nieto señala que el proyecto no ha avanzado como se prometió. “Plantearon construir una cárcel en cada estado. En Amazonas no han puesto ni la primera piedra”, sostuvo.
