“Cualquier cosa que pase, pagás vos, tu mujer, tus hijos, tus papas, tus tíos”, asegura José Inés González Ojeda, de 52 años, habitante de La Unión, Nueva Guinea, a quien un policía de la localidad lo amenazó en enero de 2016. González fue arrestado y sometido a interrogatorios, acusado de planificar el derribo de una avioneta.
La aeronave en mención sobrevolaba constantemente la zona de Nueva Guinea para realizar estudios sobre la ruta del Canal Interoceánico.
González Ojeda relata que cuando fue capturado el año pasado e investigado bajo la acusación de los que llama “CPsapos” del lugar, fue llevado con engaños por el jefe de sector desde la Colonia La Unión a Nueva Guinea.
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Ya en la delegación policial conoció que enfrentaba una acusación de supuesta planificación no solo del derribo de una avioneta, sino de informar a los miembros del movimiento campesino de cuándo llegaban los funcionarios a trabajar en la ruta.
Igualmente en el interrogatorio policial las autoridades incluyeron preguntas sobre lo “que sabía de los grupos armados”. Al final le abrieron una ficha policial en la que González quedó con antecedentes penales en el archivo policial.
Acusación basada en información falsa
“Me pusieron una denuncia que ellos mismos extendieron, una denuncia falsa de que habían derribado una avioneta que andaba haciendo el estudio supuestamente del Canal; ellos (el Gobierno) regaron esa bola de que habían derribado la avioneta por el lugar que se llama Cerro Silva”, expresó González.
Desde entonces el habitante de La Unión desconfía de los uniformados, pues “es un hecho que sí, señora, estoy amenazado”.
“Me fueron acumulando un montón de cosas (…), lo de la avioneta, que era organizador de las marchas, que yo era el que informaba a la gente cuándo venían los funcionarios del gobierno a trabajar en la ruta”, dijo González, quien mencionó que también le preguntaban sobre otro tema, como: “¿Qué sabía yo de los grupos armados”.
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Y en medio de los interrogatorios refirió González que los uniformados lo presionaban para que les sirviera de informante de todo lo ocurrido durante las marchas campesinas contra el Canal.
No obstante, González aseguró que él se negó y en su lugar lo que hizo fue denunciar su caso ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y posteriormente ante Amnistía Internacional cuando representantes de esa organización estuvieron por esa zona haciendo investigaciones sobre las afectaciones del proyecto del Canal.
Actuar conforme la Constitución
Después de esa detención creció la desconfianza de González hacia la Policía. Pero González no es el único, el coordinador del movimiento campesino anticanal, Medardo Mairena, dice que si él tuviera un problema, no presentaría una denuncia, pues no confía en la Policía, ya que considera que no actúan como deberían actuar conforme con la Constitución Política. “Desgraciadamente solo defienden sus intereses propios, en este caso los del Gobierno y el chino que se quiere lucrar con nuestras tierras”, dijo Mairena.
Y agregó: “Con lo que nos han hecho no podemos confiar y siempre en los territorios ha habido presencia militar que no se ha visto antes. En caso de Punta Gorda ha habido hermanos campesinos que los han torturado, (incluso) a menores de edad y eso no es de una seguridad, esa es una actitud terrorista”.
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Reacción similar de desconfianza expresa el productor Rosario Zeledón, esto porque sostiene: “He visto cómo nos han reprimido, he visto cómo se hincan para apuntarnos. Yo he sido apuntado también por ellos, si lo único es que no me dieron”.
Esto contradice lo que reveló la encuesta realizada por la firma M&R durante el segundo trimestre de 2017, que establece que el 69.3 por ciento de la población expresa tener “mucha confianza” y únicamente el 28.8 por ciento expresó “ninguna confianza”.
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La misma encuesta señala que el 65.1 por ciento consideró a la Policía “muy profesional” y un 28.6 por ciento la calificó de “nada profesional”, a su vez un 83.3 por ciento calificó de “positiva” la actuación de esa institución y un 15.1 por ciento lo consideró “negativa”.
Es por ello que, Martín Oporta, habitante de El Chacalín, se pregunta dónde son realizadas estas encuestas y esto lo llevó a señalar que quienes confían en la Policía son los que pertenecen al Gobierno. “Pero lo que es la población democrática no tenemos ninguna confianza ni protección de ellos”, sostuvo Oporta.
Tras paliza lo acosaban
Manuel Avilés, una de las víctimas de la represión de diciembre de 2014, en El Tule, San Miguelito, expuso su desconfianza en la Policía luego de la paliza sufrida.
Sobre todo porque recién pasados los acontecimientos y todavía a finales de 2015 recibía llamadas telefónicas anónimas, a través de las cuales le preguntaban: “¿Sabés quién te habla?”.
Cuando Avilés le respondía que no sabía, la misma persona que le hacía la llamada telefónica le expresaba: “Pues nada más, ni nada menos que la Contrainteligencia”.
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“Sentíamos como una amenaza como que vendrían más represiones”, expresa Avilés, quien menciona que también en varias ocasiones, cuando salía hacia El Almendro o comunidades vecinas y había un retén policial, los agentes que identificaban su vehículo lo llegaron a retener hasta dos horas. “Se me iban a parar en medio y me preguntaban: ‘¿De dónde viene? ¿A qué se dedica? ¿Para dónde va? Yo les digo, ese es un abuso’”.
