El presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas; la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, y el empresario César Zamora, podrían ser los primeros en engrosar la lista de funcionarios y empresarios que serían sancionados a través de la Ley Magnitsky Act, por sus vínculos con el gobierno del presidente designado Daniel Ortega, afirmó el director de Freedom House, Carlos Ponce.
La Ley otorga al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el poder para imponer prohibiciones o cancelación de visas y congelar activos y pasivos de personas que supriman los derechos humanos y estén involucradas en casos de corrupción, cuyos bienes estén bajo la jurisdicción de Estados Unidos.
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La Global Magnitsky Human Rights Accountability Act o Ley Magnistky Act, es una Ley aprobada en Estados Unidos que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Fue aprobada en 2012 e inicialmente fue dirigida a funcionarios rusos y otras personas implicadas en el crimen del abogado ruso Sergei Magnitsky, en noviembre de 2009. Este letrado denunció la corrupción en Rusia.
Ampliar sanciones a extranjeros
La Ley ahora se conoce como Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, tras la enmienda realizada por el Congreso de Estados Unidos en diciembre de 2016, con el propósito de ampliar esas sanciones a extranjeros implicados en casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
En una entrevista en el programa La Nación, que conduce el presentador Jaime Arellano, Ponce mencionó a Francisco López, el secretario de Finanzas del Frente Sandinista, como otra posibilidad.
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En el caso de Rivas lo mencionó como uno de los responsables de la crisis que atraviesa Nicaragua. Se intentó obtener comentarios de López, Rivas y de la jefa de la Policía, pero no se tuvo éxito.
“Lo que no se quiere con esta Ley es sancionar al principio a todo el mundo, lo que se pretende es que genere un cambio de actitud de las personas que están dentro del Estado y del sector privado que contribuyen a la crisis de democracia y de violaciones de derechos humanos en Nicaragua”, dijo Ponce.
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El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, defendió a Zamora, sin que los periodistas se lo preguntaran, calificó la información como “de completamente irresponsable”.
Dijo que Zamora es ciudadano estadounidense y que por su vinculación empresarial en Estados Unidos, de forma anual, tiene que firmar el certificado de anticorrupción. LA PRENSA solicitó información sobre la Ley Magnitsky, a la Embajada de EE.UU, pero aún no se ha obtenido respuesta.