Se necesita una Cicig en Nicaragua

La misión y función de la Cicig es apoyar al Ministerio Público, la Policía y otras instituciones, tanto en la investigación como en las acciones que sean necesarias para desmantelar las organizaciones criminales y redes de corrupción, y llevar a los culpables a los tribunales y la cárcel.

Róger Mendieta, FSLN

El caso del lavado de dinero supuestamente cometido en Nicaragua por los hermanos guatemaltecos Luis y Alejandro Sinibaldi —y otras informaciones sobre probables sanciones de Estados Unidos (EE.UU.) a personajes nicaragüenses, no solo por violaciones a la democracia y los derechos humanos sino también por corrupción—, motivan a pensar que aquí también se necesita una Cicig.

Cicig es el acrónimo de Comisión Independiente Contra la Impunidad en Guatemala, “un órgano independiente de carácter internacional” que fue creado en diciembre de 2006 por acuerdo de las Naciones Unidas con el Estado guatemalteco y en los 10 años y medio que tiene de existencia ha sido muy eficaz en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y la impunidad.

La misión y función de la Cicig es apoyar al Ministerio Público, la Policía y otras instituciones guatemaltecas, tanto en la investigación como en las acciones que sean necesarias para desmantelar las organizaciones criminales y redes de corrupción, y llevar a los culpables a los tribunales y la cárcel.

Como garantía de independencia e integridad de la Cicig, para dirigirla fue designado el eminente jurista colombiano, Iván Velázquez Gómez, cuyo extraordinario desempeño como fiscal en su país lo acreditó como incorruptible y lo hizo merecedor de reconocimientos internacionales.

La Cicig ha actuado exitosamente en casos de contrabando y defraudación fiscal, corrupción en el sector público y privado, financiamiento ilegal de partidos políticos y campañas electorales y corrupción en el sistema judicial, así como en el narcotráfico y lavado de dinero y otros activos.

Pero en Nicaragua es prácticamente imposible que exista un organismo como la Cicig. Para eso se requiere que en el país haya democracia y que sus instituciones de justicia sean autónomas, lo cual no es el caso de Nicaragua. Daniel Ortega más bien es enemigo de la Cicig. Su partido, el FSLN, suscribió en junio de 2016 en San Salvador una declaración del ultraizquierdista Foro de San Paulo, que condena expresamente a la Cicig calificándola como un instrumento de los Estados Unidos que “se arroga prerrogativas fiscalizadoras en el enfrentamiento a la corrupción”.

Por esa razón fue que el año pasado Ortega se opuso a que Guatemala presidiera la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), alegando que en ese país se violan los derechos humanos y hay “injerencia de Estados Unidos”, en una referencia implícita a la Cicig.

De manera que aunque en Nicaragua sea necesario que haya una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, su creación requiere el acuerdo con el Gobierno y por lo tanto no es posible crearla mientras el régimen orteguista permanezca en el poder.

José Ugaz, el jurista peruano que es presidente de Transparencia Internacional, dice en un artículo publicado en el diario El Comercio, de Perú, que el costo material de la corrupción en el mundo oscila entre uno y tres trillones de dólares al año. Y advierte que los daños inmateriales, institucionales y morales que causa, son todavía mucho más perniciosos y de largo plazo.

En Nicaragua no se puede por ahora conocer la magnitud de los costos económicos que tiene la corrupción. Pero sus graves daños morales no se pueden ocultar, se ven y se sienten en todos los estratos de la sociedad nicaragüense.

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