Frente a más intolerancia, más democracia

Daniel Ortega, igual que el chavismo en Venezuela, ha logrado estabilizar su intolerancia autoritaria sobre la base de circunstancias económicas excepcionalmente favorables, entre ellas la cooperación de Venezuela

Los ataques terroristas, por racismo en Charlottesville, Estados Unidos, hace una semana, y en Barcelona, España, hace dos días, por fundamentalismo religioso de naturaleza islámica, tienen en común la más absoluta intolerancia: en un caso frente a razas diferentes, y en el otro frente a creencias religiosas que no son las propias. No es lo único que tienen en común, pero su denominador más amplio es la intolerancia absoluta.

Esa intolerancia ha conducido a los peores y mayores excesos. Solamente en el último siglo, de inicios del XX y lo que va de corrido el XXI, se cuentan varios genocidios, entre otros el de Hitler contra los judíos, y más recientemente los de Ruanda y Milosevic en la exrepública de Yugoslavia.

Frente a los atentados de Charlottesville y Barcelona, la reacción ha tenido dos componentes: primero, el alegato por mayores medidas de seguridad, en especial de inteligencia y prevención, y segundo, que el incremento en las medidas de seguridad no sea a costa de la democracia y los derechos de los ciudadanos que la misma representa.
Se podría decir que la reacción de esas sociedades democráticas se resume en una suerte de sentencia: frente a más intolerancia, más democracia.

En el primer caso, con una generalizada crítica a la tibia y ambigua reacción del presidente Trump frente a lo que había ocurrido en Charlottesville, y la sin duda acción del poder judicial para aplicar la ley al racista que embistió a una multitud. En el caso de Barcelona, como en otros atentados terroristas en Europa, tampoco se ha puesto en duda la democracia, salvo movimientos xenófobos afortunadamente derrotados en Holanda y Francia, y todo asegura que lo mismo ocurrirá en Alemania. Y a ninguno de los gobiernos se le ha ocurrido restringir el ejercicio de los derechos democráticos, a título de necesidad de una mano dura para combatir esas manifestaciones de intolerancia, derivadas en terrorismo.

En nuestra región, y el caso más visible es Venezuela, el camino ha sido inverso: frente a la demanda de mayor democracia de la sociedad, es el gobierno que ha reaccionado con mayor intolerancia.

Hace pocas semanas comentamos que mientras el chavismo con el viento de cola de los altos precios del petróleo ganaba elecciones, las respetaba (claro, como las iba a desconocer si las había ganado), pero desde que la oposición, al calor de la crisis económica y social provocada por políticas gubernamentales y caída de los precios del petróleo, ganó las elecciones legislativas de diciembre de 2015, procedió intolerantemente el gobierno a desconocer las facultades de la Asamblea Nacional y a reprimir la consiguiente ola de protestas. Hoy el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luce precariamente estabilizado en el poder, pero no ha resuelto ninguna de las causas que hicieron a la oposición mayoritaria. Esa estabilidad es precaria, pues nace de un error fundamental: tratar de imponer la intolerancia.

Algo semejante ocurre a Nicaragua, en que Ortega no luce con la precariedad de Maduro en su estabilidad, pero comparte el denominador común de la intolerancia.

Ortega, quien ganó con un tercio del electorado en 2006, y desde entonces ha desconocido la mayor manifestación de tolerancia democrática que es respetar el voto de los ciudadanos, ha logrado sentar las bases de una estabilidad autoritaria, y para quienes tenemos la responsabilidad política de llamar a las cosas por su nombre, dictatorial. Su intolerancia es absoluta, abarca a todos los poderes del Estado, y se involucra hasta en los menores detalles: ningún funcionario puede opinar, ni decidir nada, desde una sentencia de rango constitucional hasta prestar el salón para un evento.

Pero Ortega, igual que el chavismo en Venezuela, ha logrado estabilizar su intolerancia autoritaria sobre la base de circunstancias económicas excepcionalmente favorables, entre ellas la cooperación de Venezuela. Si estas circunstancias cambian, como lo están haciendo, qué duda cabe que habrá mayor demanda de democracia por la sociedad nicaragüense, y lo que corresponde es preguntarse si el contexto interno y externo de Nicaragua le permitirán aferrarse al poder, precariamente y con resultados catastróficos, como le ocurre a Maduro en Venezuela.

El autor es economista y fue candidato a la vicepresidencia de Nicaragua.

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