Costa Rica sancionará a empresarios que se relacionen con Uber

Empresarios dijeron hoy a medios locales y a través de redes sociales que recibieron una notificación del Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) en el que les prohíben establecer promociones conjuntas con la plataforma digital.

Según el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, este tipo de servicios como Uber abonan al crecimiento económico del país y en el sector turismo. LA PRENSA/ARCHIVO

El Gobierno de Costa Rica notificó a varias empresas sobre la posibilidad de que reciban sanciones económicas si no cesan de aplicar promociones conjuntas con la plataforma de transporte Uber, cuyo servicio es considerado ilegal en el país.

Empresarios dijeron este viernes a medios locales y a través de redes sociales que recibieron una notificación del Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) en el que les prohíben establecer promociones conjuntas con la plataforma digital.

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El MEIC les advirtió que de continuar con esas promociones serán sancionados con multas económicas de hasta unos 29,000 dólares (equivalente a 40 salarios base).

«En un Estado de derecho quienes determinan la legalidad o no de las cosas son las leyes y los juzgados. No existe una sola resolución que determine la ilegalidad de Uber», dijo en sus redes sociales el empresario Gustavo Araya, director ejecutivo del hotel Wyndham Herradura, uno de los notificados.

Una forma de hacer democracia

Por su parte, la empresa Uber Centroamérica se pronunció este viernes en un comunicado sobre las acciones del Gobierno: «El derecho a elegir en Costa Rica es una forma de hacer democracia y no puede estar en manos de pocos, todos deben participar de la conversación del futuro de la movilidad».

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«Le reiteramos al Gobierno que el derecho de más de medio millón de ciudadanos a elegir cómo movilizarse, así como el de más de 16.000 socios colaboradores (conductores), debe ser tomado en cuenta», agregó la empresa.

La empresa digital instó al Gobierno a trabajar en «definir una regulación innovadora y apropiada, como existen en más de 132 jurisdicciones alrededor del mundo, que permita que las nuevas tecnologías sigan promoviendo el desarrollo y la libre convivencia de todas las formas de movilidad existentes en el país».

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El Gobierno ha calificado el servicio de Uber como ilegal desde su llegada al país en agosto de 2015, pues representa una competencia desleal para los taxistas regulados por el Estado en asuntos como tarifas y seguros.

Protestas de taxistas

A pesar de múltiples protestas del gremio de taxistas, compuesto por unos 11,000 conductores, la plataforma digital de transporte se ha mantenido operando e incluso se han registrado hechos de violencia contra sus chóferes.

Los conductores afiliados a Uber se exponen a multas económicas y hasta a la pérdida de su matrícula o vehículo.

Bloquear la aplicación tecnológica, como lo han exigido muchas veces los taxistas, no es una opción factible, ya que se trataría de una censura a Internet, han dicho repetidamente las autoridades del país.

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