Embajadora Dogu: La Ley Magnitsky es nueva

La Magnistky es una ley aprobada en Estados Unidos que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Fue aprobada en 2012 e inicialmente fue dirigida a funcionarios rusos.

La embajadora de los Estados Unidos en Nicaragua, Laura F. Dogu. LA PRENSA/ J. CASTILLO

La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, aseguró este viernes, en declaraciones al Canal 100% Noticias, que la Ley Magnitsky es nueva y negó que tuviesen relación directa en este caso con el organismo Freedom House.

“No estamos trabajando directamente con Freedom House (…). La ley aprobada fue Magnitsky Act, pero es nuevo (…), estamos en el proceso, en el inicio y vamos a ver qué pasa en el futuro, no es claro”, señaló la diplomática, en la que serían las primeras declaraciones suyas en relación con la polémica desatada tras las declaraciones del director de Freedom House para América Latina, Carlos Ponce.

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El 16 de agosto pasado, en el programa televisivo La Nación, de Jaime Arellano, Carlos Ponce, director de Freedom House para América Latina, mencionó varios nombres que podrían ser sujetos de sanción en Estados Unidos a través de la Ley Magnitsky Act.

LA PRENSA desde el 16 de agosto pasado, solicitó información a la Embajada de EE.UU. sobre el alcance de la ley Magnistky, pero prometieron que hasta el lunes es posible que haya una respuesta.

Ley persigue a extranjeros corruptos

La Global Magnitsky Human Rights Accountability Act o Ley Magnistky Act, es una ley aprobada en Estados Unidos que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Fue aprobada en 2012 e inicialmente fue dirigida a funcionarios rusos y otras personas implicadas en el crimen del abogado ruso Sergei Magnitsky, en noviembre de 2009. Este letrado denunció la corrupción en Rusia.

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La ley ahora se conoce como Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, tras la enmienda realizada por el Congreso de Estados Unidos en diciembre de 2016, con el propósito de ampliar esas sanciones (retiro de visas y congelamientos de activos) a extranjeros implicados en casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

El empresario nicaragüense César Zamora, uno de los señalados por Ponce, calificó el tema como “duro golpe” para su familia: “Estoy junto a mi familia tratando de entender esto”, dijo.

Señalados sin comentarios

Los principales funcionarios de Nicaragua, que fueron señalados por Carlos Ponce, director de Freedom House para América Latina, como posibles sancionables por el Gobierno de Estados Unidos, no respondieron este viernes.

En silencio se mantuvieron el vocero de Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral, el de Aminta Granera, jefa de la Policía, , así como el magistrado judicial Francisco Rosales y el vicepresidente de Albanisa, Francisco López.