El tema de la nación provoca debates con no poca frecuencia, debido al sentido que se le ha dado a este concepto, ante situaciones en las que su utilización ha significado la pretensión y la acción de justificar actitudes que transgreden aspectos elementales de los Derechos Humanos.
El nazismo y el fascismo utilizaron y deformaron este concepto, al pretender derivar de él la justificación del racismo y de la violencia como medio legítimo para consolidar y ampliar el poder político, con todas las consecuencias que de esa actitud derivan.
Aún en el presente, en algunos casos y circunstancias, se le confiere, aunque sea diferente, una significación deformada, al grado de identificar el nacionalismo con la actitud retrógrada que evoca la intolerancia política que derivó del sentido que en determinado momento tuvo.
Por tal razón, es necesario recobrar su verdadero sentido y lo que este significa como conjunto de valores y principios comunes de una sociedad determinada, orientados a reafirmar su identidad y dignidad históricas.
La nación no es el refugio de una sociedad amurallada, sino una realidad histórica y cultural a partir de la cual una sociedad, a la vez que reafirma esos signos que le son propios, abre sus puertas a una pluralidad de culturas y a una perspectiva mucho más amplia, a partir de la reafirmación e integración de su propia identidad.
En ese sentido, la defensa de la nación debe ser entendida también como la defensa de la interculturalidad, como la reivindicación de un horizonte mucho más amplio al cual debe orientarse el ser y hacer históricos de toda comunidad humana, pues su defensa y reafirmación son también la defensa y reafirmación de esa pluralidad y universalidad de la cual debe ser parte desde su propia circunstancia concreta.
Debe por ello preocupar la pérdida de la identidad nacional, y la ausencia de un común denominador al cual converjan los diferentes puntos de vista personales y sociales, a causa de la fragmentación y confrontación de personas y grupos sociales, políticos y culturales, los que, sin perjuicio del derecho de cada quien de sostener y defender sus propios puntos de vista, han perdido esa referencia a un tejido común de valores y principios que atañen al país como nación, y que perviven por encima de las diferencias y contradicciones particulares.
Cuando esto ocurre, cuando lo coyuntural es capaz de desplazar los referentes estructurales y estratégicos, se corre el riesgo de deteriorar la nación, entendida en su verdadero sentido, y devaluar la identidad necesaria a toda sociedad.
Algo de eso podría ocurrir en Nicaragua. Los intereses políticos coyunturales e inmediatos están haciendo perder la idea de nación y disipando los referentes históricos, culturales y políticos que podrían identificarnos como tal.
Las alternativas a los múltiples problemas, que tienen en sí una validez legítima, no han sido planteadas como parte de un proyecto de nación, sino que sobreviven como aspectos coyunturales sin conexión con una verdadera propuesta de país. La contradicción, que es natural y necesaria, no está orientada a fortalecer un pensamiento crítico a partir del debate sobre los diferentes puntos de vista, sino a expresar intereses personales o de grupos los que más bien tienden a fragmentar y debilitar los valores y principios comunes que caracterizan a una sociedad determinada.
La excepción a esta situación es quizás la acción desarrollada por el Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, orientada tanto a la defensa de los derechos individuales, como de los principios fundamentales a la idea de la nación, y a la derogación de la Ley 840 que entrega y destruye la soberanía de Nicaragua.
Los demás aspectos de contradicción política tienden más bien a debilitar el concepto de nación, pues detrás de ellos, a pesar de lo que en algunos casos se diga, se presentan intereses políticos inmediatos desvinculados de una idea de país.
Entre esos problemas podrían mencionarse, la división de las organizaciones políticas; de las organizaciones de la sociedad civil; de la ciudadanía; la concentración del poder y su perpetuidad en el mismo; la posibilidad de la Ley Nica Act, y su impacto económico, social y político; la Ley de Defensa del Patrimonio Nacional, Ley 957, que tiene el propósito de reactivar la aplicación de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia; las próximas elecciones municipales; la situación internacional, particularmente la relación con Estados Unidos y Venezuela, para mencionar algunos de los problemas que afectan al país actualmente.
Más allá de lo inmediato, por importante que sea, habría que decir que el problema medular de Nicaragua como sociedad política, consiste, tanto en la fragmentación e incomunicación de los grupos que la integran, como en las conductas particulares de cada uno de ellos, autárquicos e incomunicados en el tiempo y en el espacio.
Esa vida en compartimentos estancos, denota no solo una ausencia de capilaridad y vasos comunicantes, sino sobre todo la inexistencia de una idea común de Estado-nación y de sociedad que, sin desatenderlos, trascienda los problemas inmediatos, individuales o de grupos, en un interés nacional y general.
La existencia de valores comunes que concilian con el todo los intereses particulares, es el ethos, de donde viene la palabra ética. En ese sentido la inexistencia de la nación por la fragmentación, es en el fondo y de manera fundamental, un problema ético.
En Nicaragua, la actitud política ha presentado los objetivos particulares o de grupo como generales, en vez de que los intereses particulares puedan encontrar su lugar y satisfacción en los de toda la comunidad nacional. Las expectativas del poder o del partido se presentan como valores de la nación.
Es evidente que una nación está formada por diferentes grupos y cada uno de ellos tiene sus intereses específicos, lo que es normal siempre que estos puedan conciliarse en un interés nacional superior.
La nación, sin llegar a proponer una idea beatífica de armonía irreal y por lo mismo irrealizable, es la posibilidad concreta de articular políticas que busquen una satisfacción equilibrada de los objetivos de grupo o de clase, referidos a propósitos comunes, que hagan posible la conciliación de intereses opuestos y la satisfacción de expectativas y necesidades de todos.
¿Es posible reconstruir la nación en las circunstancias actuales de Nicaragua? Es posible siempre que las políticas gubernamentales orienten sus acciones a buscar los términos de conciliación de las diferencias específicas en el interés general de la nación. Es posible como resultado de un contrato social que devenga un valor común y en el que se afiance un concepto de democracia que se funde en una participación racional de la ciudadanía y en una verdadera subordinación del poder a la ley en el marco de la institucionalidad y el Estado de Derecho.
El autor es jurista y filósofo nicaragüense.