El director de la organización Freedom House, Carlos Ponce, se retractó al afirmar que no debió mencionar una lista de posibles funcionarios y empresarios sancionables a través de la Ley Global Magnitsky Human Accountability o ley Magnitsky.
Ponce dijo el 16 de agosto pasado en el programa La Nación, que conduce Jaime Arellano, que la Magnitsky Act es una ley que permite a organizaciones “promover ciertos nombres de funcionarios, banqueros o personas relacionadas con algunos gobiernos que son corruptos y violadores de derechos humanos, es el caso de Francisco Rosales o Francisco López o Roberto Rivas, César Zamora o Gustavo Porras, Aminta Granera. Hay una cantidad de nombres que podrían estar en algún momento en la lista de sanciones individuales”, dijo durante la entrevista.
El director de Freedom House dijo que erró en el caso particular del empresario César Zamora. “Me arrepiento de haberlo mencionado porque no es funcionario público. En ese caso en particular me dieron una información equivocada. Creo fue un error haberlo mencionado en ese momento”.
La Ley otorga al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el poder para imponer prohibiciones o cancelación de visas y congelar activos y pasivos de personas que supriman los derechos humanos y estén involucradas en casos de corrupción, cuyos bienes estén bajo la jurisdicción de Estados Unidos.
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Freedom House es una de las organizaciones defensoras de derechos humanos que promovió la aprobación de la ley Magnitsky, que fue aprobada con apoyo bipartidista en EE.UU. Ponce dijo que continúan evaluando la información que les han proporcionado y en el momento oportuno harán recomendaciones al gobierno estadounidense.
