El reportero del periódico Hoy y miembro del equipo de LA PRENSA, Juan Carlos Tijerino, fue agredido físicamente por familiares y amigos de un reo declarado culpable de haber provocado un incendio en el Mercado Oriental de Managua.
La agresión ocurrió el martes de esta semana, en horas de la tarde, cuando Tijerino salía del Complejo Judicial de Managua. A pesar de que tuvo que ser atendido en un hospital por los golpes recibidos, la agresión no le causó peores consecuencias gracias a que otros miembros del mismo grupo intervinieron a su favor.
Esta nueva agresión contra un periodista no ha sido un hecho aislado. Es otra de las incesantes manifestaciones de la intolerancia, falta de respeto al otro, agresividad y violencia verbal y física, que enferma a la sociedad. Situación alentada por la impunidad oficial, como en el caso de Tijerino, a quien la autoridad judicial no quiso facilitarle el video de seguridad que registró la agresión, alegando que eso es “un caso entre particulares”.
La peor manifestación de la violencia social es la que sufren las mujeres, que según las organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos, se ha convertido en una pandemia. Y se acusa al Gobierno por no hacer lo necesario para prevenirla y castigarla.
Ciertamente, el Gobierno es responsable de la generalización e incremento de la violencia social, no solo porque no aplica las leyes de manera cabal, rigurosa y justa, sino por el mal ejemplo que el autoritarismo y la arbitrariedad gubernamental dan a la sociedad.
La violencia social muestra la falta de educación y, por lo consiguiente, una cultura política fallida. Los científicos sociales explican que la cultura política determina el comportamiento colectivo e individual de la gente, al mismo tiempo que sustenta las instituciones de la sociedad. Si la cultura política se funda en una educación en valores de tolerancia, respeto a la ley y a los derechos de los demás, diálogo para resolver las controversias y garantizar la convivencia pacífica, entonces la violencia social se reduce a actos aislados fácilmente castigados.
Pero ese no es el caso de Nicaragua. Aquí el Gobierno es culpable de que en vez de una cultura política de respeto, solidaridad y convivencia pacífica, haya otra de intolerancia, agresividad y violencia. Es culpable por no promover la educación pública de calidad, sustentada en valores. Y es culpable por el pésimo ejemplo que da a la sociedad el comportamiento arrogante, arbitrario y excluyente de los gobernantes.
Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos de 1933 a 1945, dijo que el Gobierno no es solo un conjunto de oficinas administrativas, que gobernar es ante todo un ejercicio de liderazgo moral. En efecto, el Gobierno es también un instrumento pedagógico. El buen Gobierno, con su comportamiento ejemplar educa a la gente, mientras que el mal gobernante: rústico, autoritario, autocrático, dictatorial y caprichoso, promueve en la sociedad la intolerancia, la agresividad individual y de grupos, el irrespeto a la ley y a los derechos de los demás.
Nicaragua necesita una educación de calidad y buenos gobernantes para tener una mejor sociedad.