El acceso a servicios financieros simplifica la vida cotidiana y ayuda a familias y empresas a planificar todo, desde objetivos a largo plazo hasta emergencias inesperadas. Sin embargo, según el Banco Mundial, alrededor de 2,500 millones de personas en el mundo no tienen acceso a servicios financieros formales y el 75 por ciento de los pobres no tiene cuenta bancaria.
Una situación similar se registra en Nicaragua y como un primer paso para cambiar este panorama la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (Asomif) aboga por un cambio en el marco regulatorio que le permita a sus asociados captar depósitos del público.
Eso además de achicar la brecha, agilizaría la inclusión financiera de al menos un millón de nicaragüenses que integran el mercado potencial del sector, que actualmente atiende a cerca de seiscientas mil personas y la meta es llegar a las restantes cuatrocientas mil. Pero Según el Gobierno, el esfuerzo no debe recaer únicamente en este sector.
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“El problema de la inclusión no debería de ser de las microfinancieras, tal vez sean los que están mejor organizados y diseñados para propiciarla, pero por qué la banca comercial, la banca grande no puede plantearse esfuerzos para contribuir a la inclusión financiera”, cuestionó Bayardo Arce durante la inauguración el jueves del III Foro Nicaragüense de Microfinanzas: Inclusión Financiera para un mayor desarrollo económico y social, organizado por la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami).
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Banca “pide” mucho
Arce explicó que por el modelo de consenso que predomina en el país no se puede obligar a la banca a realizar estos esfuerzos, pero dado que los empresarios “piden bastante al Gobierno y discutimos lo que nos piden, el Gobierno tiene que pedirles también y discutir lo que les pedimos”.
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Además, Arce cuestionó la ausencia de los representantes de la banca en el evento, al recordar que en ese sistema están los depósitos del público, el capital social. “Incluso los pequeños, incluso esos recién incluidos financieramente ahí van a depositar sus centavitos, pero si van a buscar que les ayuden a desarrollarse no encuentran”, señaló el asesor económico.
El funcionario admite que el tema de la captación de depósitos en las instituciones de microfinanzas es “controversial”, pero considera que después de cinco años es viable revisar la ley que prohíbe a estas entidades recibir dinero del público.
Arce a favor de que sector capte depósitos
Arce a favor de que sector capte depósitos“De repente se dice que las microfinancieras no están preparadas, capacitadas para captar. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero cómo es que se capacitaron para manejar millones de dólares de fondeadores externos para hacerlos llegar a los usuarios, y cómo es que manejan quinientos mil clientes. Pueden manejar quinientos mil clientes para prestar, pero no pueden manejar para captar. Hay algo ahí que no cuadra”, señaló Arce.
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LA PRENSA intentó conocer la posición del presidente de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), Juan Carlos Argüello, pero hasta el cierre de esta edición fue imposible contactarlo.
Por su parte, Verónica Herrera, presidenta de Asomif, dice que “no existe un dato oficial (sobre el acceso financiero), se manejan cifras que extraoficialmente ubican a Nicaragua con solo el veinte por ciento de la población con inclusión financiera. Es decir, que utiliza servicios como tarjetas de débito, medios de pago, cuentas de ahorro y otros, y ahorrar no es un derecho exclusivo de los ricos. Entonces brindar acceso a ese derecho es un tema de justicia social y las instituciones de microfinanzas estamos preparadas para mejorar ese indicador”.
Contexto ha cambiado
Herrera considera que aunque en 2011 cuando se aprobó la Ley 769, Ley de Fomento y Regularización de las Microfinanzas, por la crisis generada por el movimiento de los No Pago y el contexto internacional no estaban preparadas para captar depósitos, la situación ha cambiado y es momento de permitirle a sus clientes que ahorren.
“Ahora tenemos estructuras dentro de las organizaciones, hemos sido fortalecidas en la prevención del lavado de dinero, auditorías internas, gobiernos corporativos y estamos preparados, por eso seguiremos empujando la reforma de la ley”, dijo Herrera.
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Freddy Cruz, vicepresidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), lamenta que siendo las instituciones de microfinanzas las que más apoyan a las pequeñas y medianas empresas, la banca comercial, “aunque no públicamente”, no esté de acuerdo con que se les permita realizar esta actividad, aunque sea solo con sus clientes.
El presiente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, considera que para permitirle a las instituciones de microfinanzas que capten depósitos, la decisión debe pasar por un acuerdo entre el sector y la banca. La autorización debe estar limitada a los clientes de las entidades de microfinanzas.
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Proceso que apenas inicia
Según Aguerri, el proceso de acercamiento entre Asomif y la banca ha comenzando y si “hubiera captación tiene que ser en función de los propios clientes de las microfinancieras, no de que vas a abrir a captar depósitos para el público en general… Pero estos son procesos que apenas inician”.
La restricción, según el dirigente empresarial, obedecería a que este sector carece de la estructura y de los mecanismos que tiene la banca para evitar el lavado de dinero y garantizar la protección del dinero de los ahorrantes.
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Además de reformar la ley, otro desafío que Asomif considera se debe superar para ampliar la inclusión es fortalecer la educación financiera.
“Los clientes tienen que tener claro que si pido un crédito es exclusivamente para realizar la actividad para la que se me otorgó. Las instituciones de microfinanzas hemos venido trabajando en esa línea de mejorar la educación financiera, pero se tiene que seguir trabajando para garantizar mejores prácticas por parte de los clientes”, asegura Herrera.
Establecer línea de base
La presidenta de la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami), Jim Madriz, explica que paralelamente a los esfuerzos que se siguen haciendo para incrementar la inclusión financiera en el país, apoyan el establecimiento de una línea de base que permitirá medir el avance de estos esfuerzos.
“Estamos apoyando al ente que rectorea este tema, que de acuerdo a la Ley 842, Ley de Protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, es el Banco Central de Nicaragua (BCN). Hay que establecer una línea de base que permita desarrollar una estrategia de inclusión financiera para el país y para eso se tiene que realizar una encuesta nacional”, expuso Madriz.
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Dicha línea, según Madriz, permitirá determinar cómo estamos y cómo se seguirá midiendo la inclusión financiera del país, ya que este es un indicador clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad.
Otro aspecto en el que se debe trabajar es en la reducción de los intereses que cobran las microfinancieras. El director por Nicaragua del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Silvio Conrado, considera que los organismos multilaterales pueden apoyar brindando financiamiento más barato.
Pero Arce considera que es difícil reducir las tasas ya que tecnológicamente cuesta lo mismo manejar un crédito de quinientos dólares que otro de quinientos mil.
Madriz añade que la ubicación geográfica de los clientes de estas entidades también eleva el costo del manejo del crédito y esto se ve reflejado en las tasas.
Impide crecimiento
Según el Banco Mundial en el mundo hay más de 200 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que carecen del financiamiento adecuado para prosperar y crecer.
En el caso de Nicaragua, se estima que solo el 20 por ciento recibe financiamiento, las restantes se tienen que autofinanciar, y eso según Freddy Cruz, vicepresidente del Conimipyme, frena el crecimiento del sector y con ello el del país, por el peso que tiene en la economía local.
Cruz reconoce que la formalización es requisito fundamental para convertirse en sujetos de crédito de las entidades.
Inclusión de las mipymes
Teniendo en cuenta que la inclusión financiera es elemento clave para reducir la pobreza, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) maneja un fondo de 50 millones de euros para apoyar la inclusión financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas de la región. “Pero vamos a seguir buscando recursos para apoyar a más empresas porque tenemos que crear las condiciones para que estas se vuelvan atractivas para ser bancarizadas, entre estas condiciones está la formalización, el establecimiento de sistemas de contabilidad y otros, porque la meta no es solo graduarlos con las microfinancieras, sino llevarlos también a la banca”, dijo el director por Nicaragua del BCIE, Silvio Conrado.
