Hugo Chávez, cuando encabezó un fallido golpe militar, en 1992; y después, en 1999, cuando mediante el voto popular tomó el poder como presidente de Venezuela, prometió poner fin a la corrupción.
En Venezuela la corrupción siempre fue un grave problema, agudizado en los últimos gobiernos de la democracia. Eso ocurrió, según los especialistas, por la inmensa riqueza petrolera administrada por el Gobierno, la debilidad de las instituciones políticas y sociales y la falta de normas y controles administrativos adecuados.
Pero con el régimen chavista la corrupción fue peor. Como ocurre siempre con los caudillos autoritarios y revolucionarios que se presentan como redentores del pueblo, el gobierno chavista vino a ser el más corrupto de toda la historia de Venezuela.
Se puede decir que la principal herencia que dejó Hugo Chávez al morir, a principios de marzo de 2013, más que una revolución fue la corrupción que con la dictadura de Nicolás Maduro se ha incrementado hasta llegar a niveles que nunca antes se podía imaginar.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz —destituida por la constituyente de Maduro pero constitucionalmente sigue siendo la titular de esa institución—, ha ido a Brasil para denunciar ante los fiscales generales de los países del Mercosur allí reunidos, la pavorosa corrupción de la dictadura venezolana.
La fiscal Ortega ha presentado documentos demostrativos de que en el caso de los sobornos de la empresa brasileña constructora de infraestructuras, Odebrecht, casi cien millones de dólares fueron destinados al poderoso jefe chavista Diosdado Cabello, para su beneficio particular o para compartirlos con sus compinches. A lo cual hay que sumar la gigantesca corrupción en la empresa petrolera estatal, PDVSA, para solo mencionar los dos casos de corrupción de mayor volumen y significación, aparte del narcotráfico.
Según denuncias de la oposición y de antiguos altos funcionarios del régimen chavista, todo el sistema de poder político, civil y militar de Venezuela es una organización criminal y un entramado de corrupción. Lo que prácticamente ha confirmado la fiscal Ortega, quien dijo que entregará la documentación probatoria de su denuncia a los gobiernos de distintos países, para que se actúe de acuerdo con el principio de jurisdicción universal porque en Venezuela ya no hay justicia.
La señora Ortega Díaz, quien se ha visto obligada a huir de Venezuela para salvar su libertad y su vida, ha sido Fiscal General durante diez años. Durante ese período fue simpatizante o militante chavista de confianza. De manera que debe tener pruebas de todas las interioridades corruptas de la revolución bolivariana.
Seguramente las pruebas documentales que aporte la fiscal Ortega Díaz serán valoradas de manera rigurosa, para determinar si la justicia de otros países podría juzgar a la dictadura de Maduro, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional.