Cuando una persona con discapacidad llega enferma a un hospital el personal de salud lo ignora y se dirige al familiar que lo acompaña. En la escuela los maestros no saben cómo tratar a los niños discapacitados. En las empresas les niegan el derecho al trabajo por su condición de vida. A pesar de esto, en Nicaragua no existe una institución que haga valer los derechos de las personas con discapacidad.
“La persona con discapacidad es sujeto de derecho, no es objeto, pero ¿qué pasa? La Ley 763 (Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad) involucra al Estado y sus instituciones para su funcionamiento y es ahí el meollo del asunto, como aquí (en Nicaragua) hay centralización de poder, eso no permite el funcionamiento de la ley”, denunció Francisco Huete, quien perdió la vista hace algunos años.
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Para Huete desde que el Gobierno creó el programa asistencialista Todos con Voz dejo de un lado la aplicación de la Ley 763, limitándose a regalar medios auxiliares y no hace nada para que las empresas incluyan “al menos el dos por ciento de personas con discapacidad en sus nóminas” como establece el artículo 36 de esa ley.
“Con ese programa Todos Con Voz en el que reparten el bastón blanco, algunas muletas y sillas de rueda, ellos (el gobierno) quieren dar a entender a la población que le están resolviendo a las personas con discapacidad y así solo resuelven casos puntuales (…), para mí desde el punto de vista jurídico y social el programa Todos con Voz le vino a poner un bozal a la ley (763), la ley no la han dejado nacer”, lamentó.
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Otra persona con discapacidad visual que denunció la falta de cumplimiento de la Ley 763 fue Yader Guillén, él asegura que también sufren discriminación en el transporte público ya que a los transportista no les gusta subirlos en las unidades y en las calles algunos ciegos han caído en huecos donde han adquiriendo otra discapacidad.