El jueves de esta semana mujeres pertenecientes a los movimientos feministas, acompañadas por algunos varones, realizaron en Managua una marcha contra el femicidio y cualquier otra forma de violencia de género en general.
En la noche anterior, otra mujer había sido víctima de femicidio, en una comarca del municipio de Diriomo, departamento de Granada, al ser asesinada supuestamente por su compañero de vida.
Según las informaciones, ocho mujeres han muerto, víctimas de femicidio, solo en lo que va de este mes. De manera que las mujeres que marcharon el jueves pasado desde la Fiscalía hasta las instalaciones centrales de la Policía, en Plaza del Sol, se declararon en alerta roja contra el femicidio. Ellas culpan al Estado de ser “cómplice de este delito, porque al callar, al no aplicar la ley, al no asignar recursos (…), al no ser diligentes y al no procesar e investigar con celeridad, realmente lo que están haciendo es irrespetando el Estado de Derecho”. Así lo declaró Mirna Blandón, dirigente del Movimiento Feminista de Nicaragua.
En la marcha del jueves se acusó al Gobierno de ocultar la verdadera magnitud del femicidio, al calificarlo en muchos casos como homicidio común, además del poco interés que muestra en perseguir y castigar a los femicidas.
Un ejemplo del desinterés del Estado en enfrentar la violencia que sufren muchas mujeres, ha sido la eliminación de las comisarías de la mujer de la Policía, mientras ha incrementado desmesuradamente los aparatos represivos y para la ostentosa protección del dictador Daniel Ortega.
Pero si el Estado no hace todo lo que es necesario para proteger a las mujeres, combatir la violencia de género y castigar el femicidio, la sociedad civil, las instituciones religiosas y los medios de comunicación independientes deberían hacer por su parte lo que por responsabilidad humana y ética les corresponde.
ONU Mujeres, organismo de las Naciones Unidas para promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres en el mundo, recomienda entre otras medidas para combatir la violencia contra la mujer, “aumentar la conciencia pública y la movilización social” e “involucrar a los medios de comunicación de masas”.
Recomienda también ONU Mujeres que los gobiernos se coordinen con las organizaciones de la sociedad y los medios de comunicación en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres. Pero en Nicaragua esa coordinación es imposible, lamentablemente, por la indiferencia e irresponsabilidad del mismo Gobierno. En este sentido, Juanita Jiménez, otra dirigente de la marcha femenina del jueves pasado, dijo que en Nicaragua “hay desprotección de las mujeres cuando buscan una solución ante las instituciones del Estado para detener las agresiones (…) y al no ofrecerles respuesta, las colocan en mayor riesgo”.
El régimen orteguista se jacta de tener a muchas mujeres en dependencias del Gobierno, la Asamblea Nacional y los concejos de los municipios. Pero no dice que esas mujeres tienen muy poca capacidad de decisión y ninguna libertad de expresión. Y lo principal es que no cumple su obligación de proteger a las mujeres de la violencia machista.