La dictadura castrista de Venezuela, mediante su constituyente intenta la construcción de un sistema como el cubano. Su trabajo inmediato es desmantelar todo lo que se oponga al poder absoluto. La constituyente de Maduro es un organismo apócrifo, carente de legalidad ni legitimidad, es un órgano de facto, por lo que sus actos y órdenes son hechos delictivos que nadie puede ni debe cumplir, pues los actos de quienes usurpan funciones o ejercen jurisdicción o potestad que no emanan de la ley son nulos de pleno derecho y existen acciones legales para defender la democracia.
Para que el acto de un órgano o funcionario público sea válido debe estar fundado en la legal composición del órgano o designación del funcionario, debe poseer la capacidad conferida por ley que se conoce como competencia, y debe tratarse de una decisión que esté en el marco de su potestad entendida como “el dominio, poder, jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo”. Si tales elementos no existen, serán entonces actos delictivos que están tipificados como: “Usurpación de funciones”, “suplantación de autoridad”, “atribuirse los derechos del pueblo”, “conspiración”.
La constituyente dictatorial de Venezuela desde el momento mismo en que tomó por la fuerza las instalaciones de la Asamblea Nacional ha cometido actos nulos de pleno derecho que no pueden ser obedecidos ni tomados en cuenta por ningún ciudadano, estado, ni por ninguna organización. Pero además de la nulidad, sus miembros cometieron delitos. Esa mezcla dictatorial de acto nulo y delictivo ha continuado ilimitadamente por la constituyente de Maduro al “atribuirse todos los derechos del pueblo venezolano”, y aquellos como la destitución de la fiscal y la pretendida eliminación de la Asamblea Nacional.
Todos los actos que realiza Nicolás Maduro como dictador, y ahora la constituyente dictatorial de Venezuela:
1- Son nulos de pleno derecho porque el órgano que los emite no tiene origen legal, capacidad legal ni competencia y no tiene potestad que emane de la ley. 2- Son delitos in fraganti que inculpan a todos sus actores y los incluye en el marco del régimen de delincuencia organizada que hoy controla Venezuela, con las consecuencias personales y patrimoniales que eso implica, según a la
Convención de Palermo. 3- Son acciones de facto de la dictadura elegir como instrumento de gobierno una mezcla explosiva de acto nulo, ilegal y violatorio de los derechos humanos con delitos de la mayor gravedad, de un régimen criminal.
Ante este atropello y delincuencia extremos contra una sociedad indefensa cuyos derechos humanos y fundamentales son violados a diario, la teoría del derecho, los principios de la ciencia política y la historia señalan el camino de la defensa de la libertad. Acciones urgentes para reponer el Estado de Derecho en Venezuela y, como dicha situación ya incumbe, y tiene efectos en todas las Américas y el mundo, a continuación van algunas sugerencias para que los defensores de la democracia tomen iniciativa y no sean solo reactivos a las acciones de la dictadura:
1.- Desconocimiento y resistencia civil que el pueblo venezolano y su oposición ya ejercen. Nadie puede reconocer y menos cumplir las órdenes delictivas de la dictadura y, empezando por la Asamblea Nacional, sus miembros, los magistrados legítimos, la fiscal y los organismos legales de Venezuela deben continuar en sus funciones abiertamente, en la clandestinidad o en el exilio, y los gobiernos del mundo deben reconocerlos como tales. Continuar es ejercer, la fiscal acusando, organizando una oficina, levantando procesos, actuando; los magistrados ejerciendo jurisdicción, emitiendo fallos y resoluciones; la Asamblea Nacional reuniéndose y tomando determinaciones para afrontar la crisis, proteger al pueblo y restaurar la democracia.
2.- La Asamblea Nacional debería nombrar el tan repetido y planteado “gobierno de transición” que reemplace al del dictador Maduro, porque al constituir un nuevo gobierno —así sea en el exilio— crean un sujeto de derecho interno e internacional que debe ser objeto de reconocimiento por los gobiernos democráticos del mundo; adquieren capacidad legal de “poder ejecutivo” en ámbito interno e internacional, pueden disputar la representación en organismos como Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA) y otros, deslegitiman rápidamente al régimen castrista de Maduro, forzando claridad en las posiciones de los gobiernos democráticos y de los enemigos de la democracia. Hay ejemplos históricos notables de gobiernos en el exilio como el de Charles De Gaulle.
3.- La Asamblea Nacional y el gobierno de transición deberían pedir a la comunidad internacional, empezando por el Consejo de Seguridad de la ONU, OEA, Unión Europea y a cada uno de los países democráticos, incluir en las listas de búsqueda y detención de criminales a los miembros de la dictadura venezolana, empezando por Maduro, en función de la Convención de Palermo de la ONU para que sean perseguidos y detenidos por la Interpol y los órganos de seguridad de cualquier país con el objeto de responder a los crímenes cometidos y en ejecución contra el pueblo venezolano. La tipificación, acusación y prueba debe ser documentada de inmediato por la fiscal en el exilio.
Son solo tres sugerencias, pero hay muchas más que pueden hacerse legalmente para que la comunidad internacional ayude rápido y bien a recuperar la democracia en Venezuela en base al principio de que los actos de quienes usurpan funciones son nulos y punibles. ©FIRMAS PRESS
El autor es abogado y politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy.
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