Realmente lo que está ocurriendo en Guatemala es lo que mi padre llamaría “la revolución de la honradez” que está sacudiendo todos los cimientos de este hermano país centroamericano y vale la pena analizar el fenómeno y sus consecuencias previsibles.
De pronto, el presidente Jimmy Morales decide expulsar y declarar “non grato” al magistrado Iván Velázquez que preside la diminuta pero eficaz “Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala”, conocida por sus siglas Cicig, la cual es una misión internacional bajo el manto de las Naciones Unidas y se ha hecho notoria por sus logros contra la corrupción en ese país centroamericano, pero de igual manera le ha valido grandes y poderosos enemigos.
Entre los logros que ha tenido la Cicig bajo el magistrado Velázquez, un notorio abogado de origen colombiano, quien ha hecho equipo con Telma Aldana del Ministerio Público (MP) y Juan Solórzano de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es que mandaron a la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina, su vicepresidenta Roxana Baldetti y un buen número de funcionarios de ese gobierno.
La SAT envió a juicio a varios empresarios de familias poderosas de Guatemala acusándolos de evasión fiscal y los obligó a pagar impuestos. Estas tres personas, Velázquez de la Cicig, Aldana del MP y Solórzano de la SAT (equivalente a la DGI nica) comenzaron a poner el orden el Guatemala en el campo de la corrupción, pero nadie se inmutaba porque no les llegó su turno.
Entre otros avances en la silenciosa pero tenaz revolución de la honradez, el Ministerio Público con Telma Aldana, hizo una fuerte limpieza en el organismo judicial, encarcelando a jueces corruptos y dejando a los probos, para la corruptela esto fue el fin, porque se acabaron las mordidas. Cortar de raíz la corrupción le granjeó a Álvarez muchos enemigos, algunos muy poderosos.
Se ha capturado a un buen número de capos del narcotráfico internacional que fueron extraditados a los Estados Unidos porque no pudieron comprar voluntades. Se encarceló a funcionarios del gobierno y a empresarios que participaron en el fraude internacional de Odebrecht, empresa brasileña patrocinadora de la compra de voluntades en muchos países latinoamericanos, entre ellos Guatemala.
Hasta que llegó el momento de enfrentar al mayor poder de todos: al propio presidente de la República, Jimmy Morales, llevando a juicio a un hermano suyo y a su hijo por corrupción. Para empeorar las cosas, tanto la Cicig como el Ministerio Público ha iniciado un antejuicio contra el propio presidente Jimmy Morales por no haber reportado 6.7 millones de quetzales al Tribunal Supremo de Elecciones de Guatemala, lo que lo convierte en un financiamiento ilícito para su propia campaña que lo llevó a la Presidencia.
Eso rebalsó las cosas, colmando la paciencia de los militares y del propio presidente Morales quien el domingo pasado declaró “non grato” a Velázquez ordenando su inmediata expulsión del país. No obstante, la revolución de la honradez siguió su curso y el Tribunal Constitucional amparó provisionalmente al magistrado Iván Velázquez de la Cicig y su expulsión del país al momento de redactar este artículo aún no ha tenido efecto.
Pero la decisión de Morales ha creado olas en su propio gabinete donde su propia ministra de Salud, Lucrecia Hernández, ha renunciado por considerar que Morales “favorece la impunidad y contradice todas sus declaraciones que hizo sobre la justicia y la transparencia”. También se han producido una serie de manifestaciones públicas contra el gobierno.
Según el influyente diario español El País, “la Cicig nació con el objetivo de acabar con los aparatos clandestinos de seguridad” que detentaban en poder en Guatemala hace varias décadas y al poco tiempo se convirtió en una de las instituciones más respetadas a nivel regional en el combate a la corrupción. Tanto así que la ONU ha estudiado replicar su modelo en otros países centroamericanos.
Los países más alérgicos a realizar esta réplica han sido los llamados países del Alba, que han rechazado la instalación de estas oficinas patrocinadas por la ONU, acusándolas de ser injerencistas en los asuntos internos y de ser patrocinadas por el “imperialismo yanqui”. Verse en el espejo de Guatemala y su revolución de la honradez sin duda crea anticuerpos en países como Venezuela.
El autor es periodista, ex ministro y ex diputado.