Sin ser un centro financiero, como lo es Panamá, y aunque es la economía más pequeña y empobrecida del istmo, Nicaragua es la segunda nación más vulnerable a los delitos de lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas en Centroamérica. En el mundo, el país se ubica en el puesto 45 de las 146 economías que se evaluaron en el Índice Antilavado de dinero 2017, publicado el pasado 15 de agosto por el Instituto de Basilea sobre la Gobernanza en su sitio web.
El centro sin fines de lucro, especializado en la prevención de corrupción y gestión pública, gobierno corporativo y cumplimiento, antilavado de dinero, aplicación del derecho penal y la recuperación de activos, dio a Nicaragua un puntaje de 6.64, superior al 5.84 obtenido en la evaluación de 2016.
En el índice las economías se ordenan de mayor a menor riesgo en el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. A medida que el puntaje de los países se aproxima a diez el riesgo es mayor, por ello este año Irán continuó encabezando el índice con 8.6 puntos, mientras que al otro extremo se encuentra Finlandia con 3.04 puntos (puesto 146).
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Nicaragua desmejoró su posición y puntaje pese a que en el índice 2017 se evaluaron tres economías menos con respecto al anterior cuando fueron 149. En Centroamérica solo Panamá —un desarrollado centro financiero y de movimiento de comercio mundial— se ubica por delante de Nicaragua. En América Latina y el Caribe, Nicaragua es el octavo país más vulnerable a estas actividades ilícitas, siendo Paraguay (7.53), Haití (7.50) y Bolivia (7.17) las tres economías más riesgosas.
El puntaje para cada economía el Instituto de Basilea sobre la Gobernanza lo determina basado en la evaluación de 14 indicadores aglutinado en cinco categorías, cuya información la obtiene del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.
Gonzalo Vila, director de América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, explica que el informe “no mide la existencia de la actividad de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en un país, sino que provee una base para valorar el nivel de riesgo, es decir, la probabilidad de que se produzcan actividades de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo en una jurisdicción en función de su adhesión a los estándares internacionales”.
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“La calificación final se constituye de una combinación de factores, incluyendo deficiencias estructurales, así también como el tamaño del centro financiero de un país o su atractivo potencial como un país destino para flujos financieros ilícitos”, sostiene.
Geovani Rodríguez, especialista en finanzas y expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, quien se mostró sorprendido por los resultados del informe, señala que esa nota “significa que te están considerando de mayor riesgo (para las actividades ilícitas) y para las empresas nicaragüenses y sistema financiero que efectúan transacciones en el extranjero, representa un factor negativo”.
La sorpresa de Rodríguez se basa en el hecho de que a su criterio Nicaragua ha hecho en los últimos años “todo un trabajo de desarrollo de instrumentos normativos en la materia”, como por ejemplo la creación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Hasta hace cinco años, recuerda, en el país solo existía una norma antilavado de dinero para bancos, pero “hoy en día existen normas para diferentes tipos de agente económicos como microfinancieras, vendedores de vehículos, casinos, casas de empeño, por mencionar algunas”.
No obstante, Rodríguez admite que no basta con establecer un sistema antilavado nacional, porque “hoy por hoy a nivel internacional evalúan tanto la parte instrumental como la eficacia del sistema”.
De hecho en su informe el Instituto de Basilea sobre la Gobernanza señala que “aunque la mayoría de los países cumplen legalmente con las normas actuales para combatir el lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas, muchos de ellos se quedan cortos en el cumplimiento (a veces gravemente cortos) en lo que se refiere a la aplicación efectiva y el cumplimiento de esas leyes”.
Problema institucional afectan indicadores
¿Por qué Nicaragua figura como una de las naciones más vulnerables a este tipo de delito, si por ejemplo no es centro financiero?
Vila menciona que entre los factores que vuelven vulnerable a Nicaragua a actividades ilícitas están porque se ubica en la ruta del traslado de las drogas ilegales y el dinero sucio producto de la venta de estas entre EE.UU. y países del sur del continente.
Entonces, “si bien Nicaragua ha dado pasos importantes en el escenario ALD (antilavado de dinero), como por ejemplo la creación de la UAF, la actualización de entidades cubiertas por obligaciones antilavado, la falta de una solidez institucional, significativos niveles de corrupción en los índices internacionales son algunos de los elementos que opacan los avances”.
Al igual que Vila, Rodríguez señala que el ser o no un centro financiero no determina el nivel de riesgo de lavado de dinero, sino el manejo y cumplimiento de las medidas internacionales reconocidas a nivel mundial como las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, cuyas normas han tenido cambios significativos desde 2012 y cada país debe de ajustarse a estos estándares globales.
LA PRENSA intentó obtener un análisis sobre los resultados del índice 2017 de Jeaneth Marcela Figueroa, consultora independiente en administración de riesgo, pero al plantearle el contenido del informe, decidió cortar la llamada. La semana pasada Figueroa hizo un análisis de este índice en un medio de comunicación, pero los datos eran de 2016 cuando ya se habían publicado los de este año.
Lo que hay que fortalecer
Basado en los resultados del índice, entre las acciones que debe impulsar para mejorar su imagen país y reducir el riesgo de lavado de dinero y otras actividades ilícitas, Vila señala la necesidad de continuar fortaleciendo el marco jurídico nicaragüense “y considerar, por ejemplo, la adulteración de identidad, la falsificación y la piratería de productos como delitos subyacentes para el lavado de dinero. Sin esta clasificación, los delincuentes aprehendidos que utilizan estos medios explícitamente para lavar dinero pueden ser juzgados por delitos menores, y no se les disuade fuertemente de continuar las actividades de lavado”.
También señala que el hecho de que exista un mercado negro de productos de contrabando sugiere la posibilidad de que se esté utilizando el método de lavado conocido como Lavado de Dinero a Través del Comercio Internacional o TBML (Trade Based Money Laundering). “De acuerdo con información recogida por el Gobierno de EE.UU., el lavado de dinero también ocurre a través de mecanismos tradicionales como son la compra de tierras, vehículos y ganado”, recuerda.
Otro de los puntos débiles del sistema antilavado de dinero nicaragüense señalado en las observaciones internacionales es la falta de control de las actividades financieras fuera del alcance de supervisión de los reguladores, y la falta de cumplimiento de muchas de estas actividades de las obligaciones antilavado a las que se ven sometidos los sujetos obligados, precisa.
Asimismo, recuerda que en Nicaragua no hay reglamentaciones ni autoridad competente para ningún APNFD (actividades y profesiones no financieras designadas) en materia de cumplimiento antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo. “Los casinos son los únicos APNFD sujetos al cumplimiento de la ley antilavado y, según la evaluación del GAFI, estos no la están cumpliendo”, indica.
Informe de EE.UU. incide
El puntaje que Nicaragua obtuvo en este índice también está influenciado por los resultados del Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del Departamento de Estado de los EE.UU., que incluyó a Nicaragua otra vez en su análisis tras varios años de haber salido de ese radar.
En términos ponderados, Gonzalo Vila señala que ese informe encaja en el indicador de Percepción de la corrupción de transparencia internacional, cuyo peso es del diez por ciento del puntaje final.
Geovani Rodríguez recuerda que en este mismo reporte se expresó preocupación por el tema de la corrupción y debilidades institucionales. “También existen otras calificaciones internacionales como el índice de percepción de corrupción de Transparency International en donde como país no salimos bien calificados y estos documentos sirven de base para la preparación del índice”
en mención.
¿Qué dice el informe del Gafilat?
El pasado 31 de julio se aprobó durante la reunión XXXV del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) el Informe de Evaluación Mutua de Nicaragua. En un comunicado del organismo se informó que “el mismo se cargará al sitio web una vez que haya pasado por los procedimientos de calidad y consistencia”. Geovani Rodríguez, especialista en Finanzas, señala que ese “informe nos proporcionará una imagen más fiel de la realidad del Sistema Antilavado en Nicaragua y, en parte, de esto dependerá el ingreso o no a la lista Gris”, de donde el país salió en 2015. El Fondo Monetario Internacional también en su evaluación reciente urgió al Gobierno aumentar los mecanismos de control de las actividades ilícitas.
