Pese a que un grupo de cincuenta familias fueron amparadas en la posesión por un juez de León, que ordenó a las autoridades de ese departamento no perturbar a los afectados, sus tierras siguen ocupadas. La amenaza que se ceñía sobre estas familias desde hace un año cuando varios de ellos denunciaron en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que habían grupos que intentaban tomarse sus tierras que las asechaban permanentemente se concretizó a inicios de agosto. Y aunque el martes denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR), que sus tierras siguen ocupadas, nadie les escuchó, aseguró el abogado del Cenidh, Salvador Lulio Marenco.
El abogado del Cenidh refirió, que las autoridades de la Procuraduría General de la República que atendió a los afectados no le dio importancia al hecho de que si estos tenían o no, escrituras públicas.
Los afectados denunciaron ante Marenco que las autoridades de la PGR les expresaron que “lo que hizo la Procuraduría ya no lo va a revertir, que así se van a quedar las cosas”.
Las tierras invadidas están ubicadas en el kilómetro 92 carretera a La Ceiba, en el departamento de León. Entre los afectados está Alberto Ramón Ramos, quien posee escrituras que demuestran que tiene trece años de ser el dueño de manzana y media de tierra en el sector.
Debe resolverse por la vía judicial
El abogado del Cenidh, Salvador Marenco, señaló que varias de las familias alegan que cuentan con escrituras de sus propiedades. Y si el Estado de Nicaragua alega que esas propiedades le pertenecen, pues esto debe ser ventilado en juicio, para que haya una mayor seguridad jurídica.
Lea además: Corte Suprema de Justicia pide casos de propiedades con problemas
“El derecho a la propiedad es un derecho humano y como un derecho humano solo puede ser limitado, restringido, suspendido bajo las causas legales. Y estas causas legales son con una sentencia judicial habiendo transcurrido un proceso previo”, expresó.
Para Marenco es contradictorio que estas personas han sido desalojadas sin orden judicial. Mientras conoce un caso de una persona en Masaya con 17 oficios que se desaloje su propiedad, pero las autoridades no los acatan.