Rebeca Castillo fue acusada de estafa agravada porque supuestamente ofreció concesiones de ruta y unidades de transporte nuevas a tres ciudadanas, a quienes les hizo creer que era presidenta de la supuesta Cooperativa de Servicios múltiples de nombre “Laureano Ortega Murillo”.
Las afectadas son Yamila West Torres, Yadira Torres Blandón y Maura Altamirano Sandoval, quienes manifestaron de viva voz, durante la audiencia en el Juzgado Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, que desean recuperar los U$ 1,100 que cada una de ellas entregó supuestamente a la acusada.
Según acusación del Ministerio Público, la procesada se identificó como la impulsora de un proyecto de adquisiciones de autobuses, a través de un supuesto acuerdo suscrito entre Gobiernos de Brasil y Nicaragua, que se ejecutaría a través de la Cooperativa Laureano Ortega Murillo, (nombre de uno de los hijos de la pareja presidencial designada por el Consejo Supremo Electoral) que ella presidía y era asesora legal.
Cooperativa no está autorizada por el Mefca
Los hechos se dieron entre junio y julio d el 2015, cuando la acusada contactó a las víctimas y les explicó que para obtener la concesión de la ruta primero debían pagar U$ 1,100 cada una. De estos, U$ 500 era para reservar el cupo y los otros U$ 600 para gastos de representación y papelería.
Según la Fiscalía, la acusada no está autorizada por el Ministerio de Economía Familiar y Comunitaria, para tener cooperativa de transporte.
U$ 3,300 es la cantidad supuestamente estafada por la acusada Rebeca Castillo en perjuicio de tres víctimas en el 2015. Cada afectada presuntamente le entregó 1,100 dólares.
La acusada Rebeca Castillo tiene Managua como cárcel y firmará en juzgado mientras dure el proceso.