Aunque la Ley número 201, Ley de Promoción de los Derechos Humanos y de la Enseñanza de la Constitución Política, dice que ambas materias “serán de enseñanza obligatoria” en Nicaragua, estos temas no están incluidos en el currículo educativo del país, por lo que expertos aseguran que en las escuelas se está creando ciudadanos que ignoran sus derechos.
Según el exministro de educación, Carlos Tünnermann Bernheim, históricamente la asignatura de Moral y Cívica o Convivencia y Civismo ha sido dirigida a la formación en valores pero no se enseña a los estudiantes sobre sus derechos civiles y políticos.
“Si no se enseña (sobre la Constitución Política) no se está formando ciudadanos con una conciencia crítica e informados, que debería ser uno de los objetivos de todo proceso educativo, infundir en los estudiantes conciencia crítica y no estudiantes que siguen consignas, que no reflexionan, que son manipulados, que son llevados de aquí para allá a actividades partidarias”, reflexionó Tünnermann.
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Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, otro tema pendiente en el currículo educativo es la promoción de los derechos humanos, a pesar de que Nicaragua ha suscrito todos los convenios internacionales sobre esta materia.
“El tema de la Constitución (Política) y el tema de los Derechos Humanos no ha sido parte del currículo de educación en Nicaragua, ni siquiera en las universidades, es hasta ya hace poco tiempo que empieza a hablarse de derechos humanos en las universidades, pero la verdad es que ha habido un vacío y una falta en el currículo educativo”, señaló Núñez.
Día Nacional de la Constitución Política
El artículo tres de la Ley 201, Ley de Promoción de los Derechos Humanos y de la Enseñanza de la Constitución Política, establece que el primer lunes del mes de septiembre de cada año es el Día de la Constitución Política de Nicaragua y por tanto las escuelas y colegios del país dedicarán ese día al estudio y enseñanza de la carta magna.
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Además, el artículo cinco señala que el Ministerio de Educación debe elaborar los programas y metodologías para la enseñanza sobre la Constitución Política y los Derechos Humanos en todos los niveles educativos.
