Corte Suprema de Justicia anuncia investigación sobre supuesto acto de corrupción de juez

El supuesto cobro de la coima por los funcionarios del poder judicial habría sido de U$25,000, a cambio de la libertad del procesado.

04/09/2017

En los últimos cinco años la partida presupuestaria para la compra de llantas y neumáticos en la CSJ pasó de siete millones de córdobas en 2014 a 16.3 millones de córdobas en 2018, según el Presupuesto General de la República. LA PRENSA/ARCHIVO

Una serie de intrigas y quejas por presunta extorsión de parte de dos trabajadores del poder judicial, han salido a luz de parte de familiares del procesado salvadoreño Sergio Antonio Umaña y/o Manuel Luna Salmeron, presunto integrante de la mara salvatrucha; tras la apertura del proceso judicial en su contra, en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua.

Martha Umaña de Juárez, tía del procesado Umaña, fue quien interpuso la queja por presunta extorsión en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el 28 de agosto de 2017, en contra de la juez Victoria López Urbina, titular del Juzgado Distrito Penal de Audiencia de Tipitapa y su hijo Róger Lenín Santos López, quien trabaja como asesor en el despacho del magistrado liberal Manuel Martínez, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

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El supuesto cobro de la  coima por los funcionarios del poder judicial habría sido de U$25,000, a cambio de la libertad del procesado.

Ante la gravedad de la denuncia, la magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte y del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, ordenó la investigación inmediata del caso.

Niegan presunta extorsión

Sin embargo, ambos señalados afirmaron a LA PRENSA, que no conocen ni al procesado Sergio Umaña ni a sus familiares. “No sé de qué me estás hablando, no conozco a esas personas. No sé nada de eso”, dijo la juez Victoria López.

Mientras el asesor Róger Santos dijo: “No tengo nada que ver en eso, nunca se me ha puesto una queja. Aquí hay un trasfondo de personas que nos quieren hacer daño”, dijo el asesor.

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El fin de semana se filtró una grabación de una conversación supuestamente sostenida entre el abogado Álvaro García, defensa del acusado Sergio Umaña y la juez Victoria López, señalada de cometer la supuesta extorsión, donde García reclama que no utilicen su nombre para supuestamente andar pidiendo dinero por la libertad del reo.

García ha sostenido públicamente la denuncia contra los dos trabajadores del poder judicial y ayer compareció ante el Consejo de Administración y Carrera Judicial para detallar y soportar con pruebas su queja.

Otro señalado

En la queja interpuesta por la tía del supuesto mara, también se señala al abogado Máximo Salazar Delgado, quien es originario de León y defiende en la misma causa al procesado Wilfredo Álvarez Montano, quien junto al procesado Umaña está siendo acusado de crimen organizado, transporte internacional de droga y lavado de dinero en perjuicio del Estado de Nicaragua.

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Salazar Delgado supuestamente es el enlace entre la juez López y los familiares de Umaña, es decir, él se encargaría de recibir el dinero de parte de los quejosos y entregarlo a los señalados, presuntamente para el pago de “magistrados de la Corte y jueces”.

Además, familiares de Salazar estarían presionando para que el acusado Umaña cambie al abogado Alvaro García, actual defensa y lo nombre a él.

LA PRENSA consultó al señalado y este negó alguna participación en los hechos denunciados. “Desconozco todo. Hasta me da escalofríos lo que me está diciendo. Yo no conozco a esas personas (refiriéndose a la juez Victoria López y su hijo Róger Santos), que están denunciando. Solo defiendo hasta el momento a Wilfredo Álvarez”, dijo el abogado.

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Según la denunciante Martha Umaña, la juez Victoria López y su hijo Róger Santos empezaron a hostigar a su familia por mensajes y llamadas al celular, para advertirles que si no pagaban los U$25,000 dólares para pagar a jueces y magistrados, no verían a su familiar y este quedaría preso.

“…Familiares de Wilfredo piden que cambiemos al doctor Álvaro García y que en su lugar pongamos al doctor Máximo, ya que con ese se asegura la salida de mi sobrino, pero eso tiene un costo de 25,000 dólares, para pagárselos a la doctora Vicky López, juez de Tipitapa y su hijo Róger Santos, porque ellos tienen el control de la Corte Suprema de Justicia”, dice la denuncia interpuesta ante la CSJ.

Tramitan cédula nica

La quejosa Martha Umaña agregó que tiene miedo por la seguridad de su sobrino Sergio Umaña, al no ceder a la supuesta extorsión. “TEenemos miedo que estas personas Victoria López y Róger Santos le hagan daño a Sergio porque ellos dicen haberlo conocido en León e inclusive haberle apoyado a sacar la cédula como nicaragüense”, dice la queja.

La juez Victoria López y su hijo Róger Santos negaron tal afirmación. “De dónde vamos a sacar cédula nosotros. No tenemos nada que ver en eso”, reiteró el asesor judicial.

Además, en la denuncia piden protección al Gobierno de Nicaragua “Nos sentimos chantajeados y extorsionados por la jueza Vicky López y su hijo Róger Santos, por lo que pedimos protección al Gobierno de Nicaragua y les pidan que dejen se seguirnos llamando y acosando… porque no les daremos dinero”, concluye la denuncia.

Para este 5 de septiembre está programada la continuación de la audiencia inicial contra el presunto mara Sergio Umaña, líder de la agrupación denominada “Clíca”, que operaba en el occidente de Nicaragua, según acusación del Ministerio Público, en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, ante la juez Indiana Gallardo, quien decidirá si envía o no la causa a juicio.

CSJ ampliará investigación

Este lunes 4 de septiembre, el Consejo de Administración y Carrera Judicial después de escuchar y recibir la denuncia escrita por el abogado Álvaro García decidió ampliar la investigación citando a la juez Victoria López y a su hijo Róger Santos para que comparezcan mañana ante el Consejo. Además, citó a otros abogados y jueces que han resultado presuntamente involucradas, en la medida que avanzan las investigaciones.

En nota de prensa del poder judicial, se establece que la CSJ estableció coordinaciones con otras instituciones del sistema de justicia (Policía Nacional, Fiscalía), con “el interés de llegar hasta el fondo con esta investigación”, dice la nota de prensa

Extraoficialmente se conoce que hasta el Ejército de Nicaragua participa en la investigación catalogada como “acto de corrupción judicial”.

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