La magistrada Alba Luz Ramos presidenta de la Corte Suprema de Justicia expresó que han pedido auxilio a la Policía Nacional para que les ayuden a aclarar la denuncia contra dos funcionarios del poder judicial involucrados supuestamente en una presunta extorsión a familiares de unos procesados por narcotráfico.
“Pedimos auxilio a la Policía para que ellos provean lo que obtengan con sus medios en el transcurso de esta investigación, para poder aclarar estos hechos que empañan la imagen del poder judicial”, dijo la magistrada Ramos, al salir de una actividad de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Los funcionarios investigados son la juez Victoria López y su hijo Róger Santos, asesor de la CSJ, quienes supuestamente pidieron 25 mil dólares a familiares del procesado salvadoreño Sergio Umaña, quien según la Fiscalía es miembro de la mara salvatrucha acusado de narcotráfico.
Llamados ante el Consejo, confirma presidenta de Corte Suprema
La magistrada presidente del poder judicial dijo que hasta ahora han sido llamados ante el Consejo de Administración y Carrera Judicial, los abogados Álvaro García, defensor del presunto mara Sergio Umaña, y Máximo Salazar Delgado, quien era abogado del procesado Wilfredo Álvarez, ambos acusados en un mismo expediente por crimen organizado, lavado de dinero, transporte internacional de droga y otros delitos.
García fue quien denunció el caso de presunta extorsión ante el Consejo y Salazar supuestamente era el enlace entre los funcionarios denunciados y los familiares del reo, para recibir y entregar el dinero.
Por el momento, ambos funcionarios siguen en sus puestos, porque el Consejo aún no toma decisión en el caso, porque está abierta la investigación. Esta situación es criticada por algunos abogados litigantes, quienes consideran deben ser separados del cargo, mientras se investigue.
Sin embargo, en casos pasados la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (Ajumanic) han criticado a la Corte cuando decide suspender a funcionarios mientras está abierta la investigación por que consideran que es una pena anticipada.
“No hemos tomado ninguna decisión porque no se ha presentado ninguna evidencia que nos permita tomar esa decisión”, dijo la magistrada Ramos.
La magistrada agregó que no podía revelar lo dicho por los abogados citados ante el Consejo, porque no quiere entorpecer la investigación.
En el mismo tema, el magistrado Gerardo Rodríguez, quien dice ha participado en las reuniones del Consejo como invitado, dijo que este órgano del poder judicial tiene funciones disciplinarias con sus jueces, magistrados y abogados y notarios y no toman otra clase de medidas penales, porque para eso están otras instituciones.
“Si denuncia que pruebe, si no tenes pruebas, eso se llaman tapazos” dijo Rodríguez al referirse a la denuncia hecha por el abogado Álvaro García de la supuesta extorsión de los funcionarios judiciales.
Mientras el magistrado liberal Manuel Martínez, cuyo asesor es el denunciado Róger Santos, dijo que espera la resolución del Consejo y que mientras todos son inocentes mientras no se demuestre lo contrario.
