El representante del Club Social de Estelí, José María Briones, advirtió que algunos funcionarios podrían estar detrás de la posible venta de la propiedad, que desde hace muchos meses, los socios de dicho club exigen su devolución.
Las instalaciones del club social tienen un área de unas 2 mil varas cuadradas en el centro de la ciudad de Estelí y que estaría valorado comercialmente en unos 500 mil dólares, según Briones, quien afirma que tienen la escritura real que data de 1887.
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Dichas instalaciones fueron tomadas en los años ochenta por la Central Sandinista de Trabajadores (CST) hasta el año 2012, cuando una parte fue vendida al delegado del Ministerio de Gobernación de Estelí, Francisco Antonio Boedeker Herrera.
El notario y también juez suplente de Ocotal, Ernesto Pereira, hizo la escritura pública 317 correspondiente a la venta y desmembración en la que José Ortiz Picado, con poder concedido por el dirigente nacional de la CST, Roberto González, vendió parte de esa propiedad a Boedeker Herrera, por la cantidad de 72 mil córdobas o tres mil dólares (según el precio del dólar de la época).
LA PRENSA buscó al delegado de Gobernación Boedeker Herrera, pero empleados de la institución pública dijeron que el funcionario no estaba en su oficina.
LA PRENSA/R. MORA
Denuncia retardación de justicia
“Hay retardación de justicia” en este caso que se encuentra en el Juzgado de Distrito Civil y que ya debería existir un fallo, según Briones.
“Actualmente tenemos conocimiento que los señores que la usurpan ilegalmente tratan de negociar con gente foránea que desconoce la historia de ese bien inmueble y queremos avisarle a esas personas que no se dejen engañar porque van a caer en el juicio civil que estamos llevando y van a perder su dinero”, Briones.
Según Briones, quien está perdiendo prestigio es el Frente Sandinista, porque hay dirigentes de ese partido supuestamente involucrados en este proceso.
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Cabe señalar que la Procuraduría en Estelí se opuso a la devolución de la propiedad, aduciendo no tener evidencia de la constitución de la directiva del Club Social y que no demostraron que estén debidamente inscritos ante el Ministerio de Gobernación.
Además, argumentó que la propiedad pasó a ser un bien de la CST por expropiación a efecto de la Ley 85.
Sin embargo, la Procuraduría en años anteriores ya se había pronunciado a favor de la devolución del bien.