Según organismos que trabajan en el tema de las migraciones, unos 1,500 jóvenes nicaragüenses que viven en Estados Unidos (EE.UU.) y forman parte de los “soñadores” —como se les llama a los inmigrantes jóvenes que fueron llevados ilegalmente cuando eran niños y se acogieron a un programa de protección temporal contra la deportación—, podrían ser deportados después que el presidente Donald Trump anunció esta semana el fin de dicho programa.
A esos jóvenes inmigrantes se les llama “soñadores” porque Dream (sueño en inglés) es el acrónimo del título de una ley presentada en 1996 para protegerlos temporalmente. Pero también se les llama así por alusión al mito de que la gente llega del extranjero a EE.UU. en busca del “sueño americano”. Después de la Ley Dream, el presidente Barack Obama aprobó en 2012 un programa llamado Daca (acrónimo en inglés de Acción diferida para los llegados en la infancia), a fin de beneficiar a los jóvenes inmigrantes indocumentados que se acogieran a dicho programa, con permisos temporales de trabajo y derecho a estudiar, obtener licencias de conducir y tener un número de la seguridad social.
Este programa, Daca, es el que el presidente Donald Trump ha decidido terminar con el argumento de que supone una amnistía de hecho para los inmigrantes indocumentados, que les permite obtener empleos que podrían y deberían ser aprovechados por ciudadanos estadounidenses de origen o inmigrantes legalizados. “Debemos tener corazón y compasión para los estadounidenses desempleados, que luchan y han sido olvidados”, dijo Trump antes de que se diera a conocer su decisión sobre Daca.
La orden de Trump no tiene efectos inmediatos. Entrará en vigencia hasta el 5 de marzo de 2018, para dar al Congreso oportunidad de encontrar una solución legal en el término de 6 meses. Pero tampoco es una decisión compasiva, no para los jóvenes “soñadores” que ahora tienen la pesadilla de una deportación que daría un vuelco catastrófico a sus vidas.
El Gobierno de los EE. UU. tiene derecho de dictar sus propias normas migratorias. El presidente Trump tiene razón al decir que vivir en EE.UU. no es un derecho para los extranjeros, sino un privilegio. Sin embargo, las reglas migratorias que se dictan en cada país deben respetar los derechos humanos que tienen valor y vigencia universal.
En las informaciones se manejan distintas cifras sobre los inmigrantes ilegales en EE.UU., pero en términos generales se estima que hay unos 800 mil soñadores latinoamericanos, o sea que se acogieron al programa Daca, en su gran mayoría mexicanos pero también muchos centroamericanos entre ellos los más de 1,500 nicaragüenses.
Esos jóvenes merecen una nueva y mejor oportunidad. De hecho, con su honradez, dedicación al estudio y el trabajo, y por su respeto a las leyes de EE.UU., la gran mayoría de los soñadores se han ganado el derecho de vivir en ese país.
El Congreso estadounidense, cuya mayoría pertenece al partido de Trump pero no comparte sus posiciones extremistas sobre los inmigrantes, debería aprobar una ley realmente compasiva que proteja en forma definitiva a los soñadores y a todos los indocumentados que lo merezcan.
