Exjuez civil aparece en caso de supuesto marero salvadoreño

Un nuevo personaje apareció en la investigación que ejecuta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el caso de la denuncia por presunta extorsión realizada supuestamente por dos trabajadores judiciales a familiares de supuesto marero.

Sergio Umaña, supuesto líder de la agrupación denominada “Clica” en Nicaragua, según la Fiscalía, dijo que la juez Victoria López le ayudó a legalizar su situación como nacional. LA PRENSA/A. FLORES

Un nuevo personaje apareció en la investigación que ejecuta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el caso de la denuncia por presunta extorsión realizada supuestamente por dos trabajadores judiciales a familiares del supuesto marero Sergio Umaña y/o Manuel Luna Salmerón, procesado por el delito de narcotráfico.

Se trata de la exjuez Distrito Civil de Chinandega, Karla Patricia Madriz Miranda, quien supuestamente emitió la sentencia de reposición de partida de nacimiento del procesado de nacionalidad salvadoreña con el nombre de Manuel Luna Salmerón.

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Madriz compareció este viernes 8 de septiembre ante el Consejo de Administración y Carrera Judicial de la Corte, para ser entrevistada al respecto, confirmó una fuente judicial. La sesión del Consejo empezó a las 11:00 a.m. y se extendió hasta las 3:00 p.m.

LA PRENSA buscó la versión de la exjudicial Madriz en la dirección que aparece en el Registro de Control de Notarios del poder judicial, pero vecinos informaron que ya no habitaba en esa casa en Chinandega. También se le llamó vía telefónica, pero no hubo respuesta.

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La exjuez Madriz, según datos de la CSJ, primero fue juez Local de Potosí, después juez Local Civil de Chinandega y finalmente juez Distrito Civil de Chinandega, de donde fue suspendida en el 2009.

Los trabajadores investigados por supuesta extorsión son la juez Distrito Penal de Audiencia de Tipitapa, Victoria López, y su hijo Róger Lenín Santos López, asesor del magistrado liberal Manuel Martínez, quienes el martes 5 de septiembre fueron señalados por el supuesto marero salvatrucha Sergio Umaña de ser quienes presuntamente le ayudaron a gestionar su cédula nicaragüense.

Más investigados

La sentencia de reposición de partida de nacimiento fue emitida supuestamente por la exjudicial Madriz en el 2005, aunque las gestiones ante el Consejo Supremo Electoral para tramitar la cédula del acusado Umaña bajo el nombre de Manuel Luna Salmerón, se hicieron presuntamente hasta en el 2012.

Del proceso judicial de tramitación de reposición de partida de nacimiento del salvadoreño Umaña se desprende que dos abogados del departamento de León llegaron al Juzgado Distrito Civil de Chinandega a realizar las gestiones. Estos también serán llamados ante el Consejo.

Los investigados han negado a LA PRENSA su relación con el supuesto marero y su familia. Además, rechazan el señalamiento de gestionarle cédula de identidad.

Otras denuncias

Mientras el Consejo avanza en la queja que interpuso primeramente la salvadoreña Martha Umaña, tía del procesado, y que luego este la hizo pública ante los medios de comunicación, en ese órgano disciplinario está otra queja contra la juez Victoria López por otra supuesta extorsión.

Esta queja fue interpuesta por los hermanos Elvis y Teodoro Flores Vallejos, quienes denuncian que la juez López supuestamente les habría cobrado seis mil dólares por la libertad de su papá José Nieves Flores Guido, de 67 años, quien fue condenado por abuso sexual por dicha judicial en Tipitapa en el 2016.

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López funge también como juez de violencia, ya que está facultada por ministerio de ley a conocer los casos de delitos contemplados en la Ley 779 o Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.

“El abogado de mi papá fue Marcos Pérez, quien nos dijo que era muy amigo de la judicial López Urbina y que hablaría con ella. Luego nos dijo que la juez Victoria le había sugerido que pidiera valoración médica y que ella (López) hablaría con un mando de la Policía de Tipitapa para que hiciera un informe de que mi papá estaba enfermo y no podían cuidarlo y poder remitirlo a Medicina Legal y al hospitalito de Tipitapa, para ella (la denunciada) poder cambiarle la medida cautelar”, relató el denunciante Elvis Flores.

Cobró honorarios

“El abogado Pérez nos dijo que el costo del cambio de la medida de prisión por arresto domiciliar nos costaría tres mil dólares y si queríamos que lo absolviera en el juicio debíamos pagar otros tres mil dólares”, agregó Flores.

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El abogado Marcos Pérez llamó a LA PRENSA para dar su versión del asunto, ya que Miriam Orellana (otra denunciada) le había dicho que la habían llamado de este diario por el caso. “Yo cobré mis honorarios nada más. No tengo nada que ver con la judicial Victoria López”.

Los hijos desesperados hipotecaron la vivienda de sus padres y supuestamente entregaron el dinero a Pérez para que lo entregara a la juez López.

Según los denunciantes, la judicial cumplió con una parte del negocio convocando a una audiencia especial para revisión de medidas. Un médico legal de Managua leyó un dictamen del procesado José Flores y luego la juez le dio el arresto domiciliar, pero no lo absolvió en juicio. Eso consta en actas del expediente judicial.

Juez Victoria López niega todo

Según los denunciantes Elvis y Teodoro Flores Vallejos, la historia de la supuesta extorsión de parte de la juez Victoria López siguió, ya que declaró culpable a su papá José Flores, pero le mantuvo el arresto domiciliar y debían pagar más por la absolución.

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“Nosotros no estábamos conformes porque el trato era que lo absolviera y no lo hizo, entonces nos recomendaron a Miriam Orellana, quien tiene una gran amistad con la juez Victoria López. Esta en presencia de nosotros habló por teléfono con la juez y dijo que nos costaría cinco mil dólares y buscaría la forma de anular todo. Hipotecamos otro terreno, pero solo nos dieron 50 mil córdobas y se lo entregamos como adelanto a Orellana quien era el enlace”, dijo Elvis.

LA PRENSA buscó la versión de Orellana y esta negó conocer a los quejosos ni haberles firmado recibo. Mientras la juez López dijo que en ese proceso había estado la Fiscalía y que no recibió dinero.