La empresa Alba de Nicaragua (Albanisa) estaría involucrada “en una red de aliados” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Centroamérica para ejecutar acciones ilícitas de lavado de dinero. Según testimonio del investigador Douglas Farah, ante una comisión del Senado de Estados Unidos, la organización IBI Consultants LLC ha podido detectar parcialmente más de 2 mil millones de dólares en transacciones sospechosas de lavado de fondos de las FARC.
El investigador del Centro Nacional para Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional y presidente de IBI Consultants LLC compareció el martes ante la Comisión del Senado para el Control Internacional de Narcóticos, en su carácter personal, para tratar el tema Adaptación de los esfuerzos en la lucha antinarcóticos de Estados Unidos en Colombia, esto ante la implementación de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano.
Lea aquí las declaraciones de Douglas Farah (en inglés)
La tesis de Farah propone que las FARC están lavando los fondos obtenidos mediante sus operaciones de extorsión y narcotráfico a lo largo de la prolongada guerra civil en Colombia. Según el investigador, esos fondos luego serán utilizados para fortalecer al partido político de las FARC, “que los insurgentes esperan les permita obtener victorias electorales que presentarán una seria amenaza a la democracia, como ha sucedido en los Estados populistas que ha liderado Venezuela”.
Investigación exhaustiva de Albanisa
El experto explicó la supuesta conexión existente en la región con las FARC que, según afirma, cuentan como principales estructuras para el lavado de dinero la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Albanisa y Alba Petróleos de El Salvador.
Farah recomendó ante esa comisión del Senado una investigación exhaustiva de las transacciones financieras de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sus filiales en Centroamérica como Albanisa, ante posibles actividades de lavado de dinero procedentes de las FARC.
Y le pidió al Senado apoyar con fondos “los esfuerzos del Departamento del Tesoro y otras agencias para perseguir y sancionar las redes criminales de Centroamérica y Venezuela, aliadas de las FARC”, pues, según él, “representan una seria amenaza no solo a la seguridad de Estados Unidos, sino a la existencia de la democracia y el Estado de Derecho en gran parte de América Latina”.
Además aconsejó “mantener la designación de las FARC como entidad terrorista” hasta que cumpla plenamente con el acuerdo de paz.
Estructura para llevar fondos de las FARC a “puerto seguro”
Refirió que su evaluación está basada en una extensa investigación de campo durante cuatro años y en la revisión de documentos adquiridos por IBI Consultants LLC, que les ha permitido detectar parcialmente más de 2 mil millones de dólares en transacciones sospechosas, involucrando en gran parte fondos de las FARC, ya que, supuestamente, se mueven a través de una red de aliados de las FARC en Centroamérica (principalmente Alba Petróleos de El Salvador y Albanisa de Nicaragua) y luego a paraísos fiscales fuera de la región.
Según explicó, tanto el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y José Luis Merino, en El Salvador, como el FSLN y el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, son aliados de las FARC y han proporcionado apoyo político y logístico a los rebeldes por varias décadas.
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Y afirmó que los vínculos que han mantenido desde hace décadas Ortega y José Luis Merino, con la Secretaría de las FARC, se ha convertido en una infraestructura ideal para trasladar los bienes de la exguerrilla colombiana a “un puerto seguro” en el extranjero.
El investigador calificó el modelo como “estructuras de holding extranjeras”, las que dependen del uso de las instituciones financieras controladas por Estados criminalizados, que operan bajo el paraguas de los gobiernos populistas autoritarios radicales del bloque bolivariano. Este bloque, liderado por Venezuela, incluye a Bolivia, Ecuador, Suriname, Nicaragua y El Salvador.
Farah afirmó en su testimonio que debido a la caída en los precios internacionales del petróleo, estos grupos han tenido que adaptar su manera de operar y, según dijo, lavar los fondos de las FARC.
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Explicó que lo que afirma “puede verse” en el movimiento de las estructuras de exportación de petróleo que, asegura, ha sido largamente utilizado para lavar fondos, hacia la estrategia actual de depender de bienes raíces, construcción, estructuras bancarias formales y una cartera de inversiones mucho más amplia.
LA PRENSA/ARCHIVO/R. FONSECA
Redes casi idénticas
Según el testimonio, Alba Petróleos de El Salvador y Albanisa han establecido “extensas y casi idénticas redes de empresas que se ocupan de todo, desde paneles solares, aerolíneas, empresas agrícolas e instituciones financieras hasta refinerías de petróleo”.
Según Farah, en ambos países, los registros públicos legalmente requeridos de estas empresas han desaparecido en gran medida del registro oficial en los últimos años.
En ambos casos, las redes entrelazadas de militantes del partido, altos funcionarios del Gobierno y funcionarios de PDVSA dirigen las agencias subsidiarias.
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Y en ambos casos, la mayoría de los proyectos que las compañías petroleras pretenden financiar no parecen existir, excepto en papel, según el investigador.
“Esta diversificación es posible porque los propios Estados en la estructura bolivariana (Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Bolivia y Ecuador) son cómplices en el uso y apoyo de los grupos transnacionales del crimen organizado para lograr sus fines políticos”, dijo Farah.
Según el testimonio, en la red de empresas establecidas “se observan notables irregularidades financieras en sus ingresos y gastos, pero experimentan un inexplicable e irracional crecimiento económico”.
“Fuentes dentro de estas subsidiarias expresan que las irregularidades son el producto del lavado de dinero y un ciclo de apoyo financiero que involucra a funcionarios venezolanos corruptos y organizaciones de narcotraficantes, incluyendo a las FARC”, aseveró el investigador.
¿Quién es Douglas Farah?
El investigador Douglas Farah es presidente de IBI Consultants LLC, una firma especializada en Latinoamérica que se ocupa de temas como seguridad nacional, organizaciones criminales transnacionales, terrorismo y financiamiento de terrorismo. En 1985 cubrió las guerras civiles de El Salvador y Nicaragua para UPI. A partir de 1987 trabajó para The Washington Post y en 1988 fue galardonado por su cobertura de los escuadrones de la muerte de El Salvador. En los años noventa cubrió la guerra contra los cárteles de la droga en Colombia, la zona andina y Centroamérica para el Post. En 2001 reveló las conexiones de al Qaeda con los traficantes de armas y diamantes del Oeste de África.
Miembros de la familia presidencial
En su testimonio ante el comité del Senado, Douglas Farah, ligó a miembros de la familia gobernante con el esquema que planteó.
Sobre Albanisa mencionó que es una empresa controlada por el círculo interno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y su líder, el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega.
A su vez dijo también que en Albanisa actúa la familia de Ortega, incluyendo a su esposa y vicepresidenta designada por el Consejo Supremo Electoral, Rosario Murillo, así como sus hijos Laureano y Rafael.
Farah explicó que, según los acuerdos de cooperación con Venezuela, las empresas se establecieron como vehículos para el desarrollo social financiado por el petróleo venezolano subsidiado.
PDVSA acordó vender a las compañías de petróleo a tasas reducidas, partiendo de la premisa de que Albanisa y Alba Petróleos, de El Salvador, podrían utilizar sus ganancias para invertir en el desarrollo de la Educación, Salud y otros bienes sociales, cortesía del gobierno venezolano. Pero estas empresas parecen haberse alejado de esta meta declarada.
