En la Comisión de Justicia se realizará el próximo martes la consulta de la propuesta de la reforma parcial a la Ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados (Ley 735), pues el objetivo es que a más tardar en dos semanas sea aprobada por el plenario de la Asamblea Nacional.
María Auxiliadora Martínez, diputada sandinista y presidenta de la Comisión de Justicia, dijo que se consultará a los sectores que elaboraron la propuesta de reforma a la Ley 735: el Gobierno, la Corte Suprema de Justicia y el sector privado. No invitarán a organismos de la sociedad civil para que opinen sobre si los cambios propuestos convienen.
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La reforma propuesta plantea permitir que los bancos y microfinancieras hagan efectiva la garantía de un crédito cuando una propiedad que respalde el financiamiento que se haya entregado a personas o empresas que resulten vinculadas con delitos como el narcotráfico.
Actualmente la norma establece que esos bienes son decomisados a favor del Estado.
Los cambios a la Ley 735 los acordaron el presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el Sistema Financiero.
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Especialistas en temas de Seguridad cuestionan que la propuesta tiene fallas técnicas.
Jimmy Blandón, diputado del PLC, dijo que podrían pedir que personas, que hayan alquilado sus propiedades a otras que sean vinculadas a este tipo de delitos, puedan recuperar su bien.
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