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Manifestantes queman piñatas que representan a los diputados que votaron a favor de la ley que protege a los partidos políticos contra el delito de financiamiento electoral ilícito. LA PRENSA/EFE

Congreso de Guatemala anulará reformas penales que beneficiaban a Jimmy Morales

Diversos sectores se plantaron en las afueras del Parlamento para exigir a los diputados dar marcha atrás a sus decisiones de reducir la condena por delitos electorales

Menos de 24 horas después de aprobarlas, el Congreso de Guatemala se vio obligado a anular unas polémicas reformas al Código Penal, una de ellas en materia de delitos electorales, que generaron un rechazo generalizado y denuncias de un grave retroceso en la lucha contra la corrupción.

Durante una reunión convocada este jueves por el presidente del Organismo Legislativa, Óscar Chinchilla, con los jefes de bloque en el Parlamento, se acordó “archivar en definitiva” esas reformar, anunció el diputado opositor, Oliverio García.

La aprobación sorpresiva de las modificaciones al Código Penal por parte del Congreso generó una ola de rechazo tanto de la sociedad civil como de organismos defensores de derechos humanos y empresarios de Guatemala, cuyo presidente, Jimmy Morales, no descartó este mismo jueves vetarlas.

El presidente del Organismo Legislativo explicó en la rueda de prensa que para mañana, viernes, convocó a una sesión parlamentaria para cumplir con la Ley Ordinaria y mediante una votación dejar sin efecto las reformas al Código Penal.

Por mayoría

Con 107 votos a favor y 16 en contra el pleno del Congreso, de 158 escaños, aprobó la reforma del artículo 407 del Código Penal que eximió a los secretarios generales y candidatos de los partidos de toda responsabilidad de la financiación electoral, que quedó en manos exclusivamente de los contadores de las formaciones políticas.

Los legisladores también modificaron el artículo 50 del Código Penal y extendieron de cinco a diez años las penas de varios delitos susceptibles de ser beneficiadas con la conmutación, es decir que los reos pueden pagar una multa y quedar en libertad.

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En declaraciones a periodistas, el secretario de Política Criminal del Ministerio Público (MP), Rottman Pérez, comentó que el aumento de la conmuta de la pena iba a beneficiar a por lo menos el 89 por ciento de los delitos que se cometen en el país, porque el reo evitaría la prisión mediante el pago de una fianza.

“Esto impulsa la impunidad, alienta a cometer crímenes porque al final no habría una pena en prisión”, alertó, y enfatizó que “Guatemala está retrocediendo en la lucha contra la corrupción”.

Tras la presión popular y las críticas, Chinchilla convocó a más de una decena de jefes de los bloques parlamentarios y en la reunión, celebrada en el Congreso este jueves, acordaron dar marcha atrás a esas reformas penales.

El presidente Morales había advertido este mismo jueves en un mensaje a la nación de que cuando le llegaran las modificaciones las iba a someter a un análisis jurídico y que iba a ejercer su derecho al veto si las consideraba “nocivas” para la nación.

Protesta

Diversos sectores guatemaltecos se plantaron en las afueras del Parlamento para exigir a los diputados dar marcha atrás a sus decisiones.

Al grito de “fuera corruptos”, un centenar de personas, entre estudiantes universitarios y organizaciones sociales, criticaron a la diputados por reformar el Código Penal en un afán de procurar impunidad.

“No descansaremos hasta verlos presos a toda esa mafia dentro del Congreso”, aseguró a Acan-Efe un estudiante de la privada Universidad Landívar, mientras otros alumnos de la estatal Universidad de San Carlos (Usac) secundaban su consigna.

Manifestantes protestan contra los diputados que votaron a favor de la ley que protege a los partidos políticos contra el delito de financiamiento electoral ilícito. LA PRENSA/EFE

En una de las entradas al recinto del Palacio Legislativo, diversas personas colocaron una corona de flores y claveles rojos en señal de protesta por las acciones de los legisladores.

“No queremos más impunidad”, coincidían la mayoría de pancartas de los manifestantes que llevaron pitos, vuvuzelas y banderas con los colores patrios.

La abogada y exsubprocuradora de Derechos Humanos de Guatemala, Hilda Morales, dijo a Acan-Efe que “nunca se había visto tanto descaro para promover la impunidad” por la celeridad que se aprobaron las reformas.

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El jefe del bloque de la opositora Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco, dijo a periodistas que su máxima dirigente, Sandra Torres, les pidió que “rectifiquen” la decisión.

Mientras, varias instituciones, entre ellas la Procuraduría de Derechos Humanos y Acción Cidadana (AC), que vela por la transparencia en Guatemala, recurrieron en amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país para revertir la decisión del Congreso.

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