Dos nicaragüenses, madre e hija, lideraban en Costa Rica una organización dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, cuyas víctimas eran reclutadas en Nicaragua mediante engaños y luego obligadas a prostituirse en un bar ubicado en el cantón de Upala.
La madre de apellidos Martínez Lainez y la hija, Murillo Martínez, fueron capturadas la noche del viernes por la Policía Profesional de Migración y la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, en el Bar Pino, ubicado en Santa Clara de Upala, frontera con Nicaragua.
Otros integrantes de la red capturados son los nicaragüenses de apellidos Pérez Noguera y Barrios Álvarez, así como un oficial de la Fuerza Pública de apellidos Montoya Campos. Los cinco están a la espera de medidas cautelares como prisión preventiva que pueda dictar el Juzgado Penal de Upala, solicitadas por el Ministerio Público.
Durante el allanamiento en el bar, fueron rescatadas seis mujeres nicaragüenses víctimas de trata y explotación sexual, entre ellas una menor de edad.
Según el director de la Policía Profesional de Migración, Esteban Obando, ellas están bajo protección estatal y recibiendo asistencia sicológica profesional y de trabajo social mediante varias instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu). En tanto, la menor de edad está protegida por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Golpe a estructura criminal dedicada a la trata de personas por explotación sexual.
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— Migracion Costa Rica (@MigracionCR) 16 de septiembre de 2017
Modo de operar
Según Obando, la banda —investigada desde hacía seis meses— reclutaba mediante engaños a mujeres nicaragüenses en Managua y San Carlos de Río San Juan. A las víctimas les ofrecían trabajo en Costa Rica como saloneras (meseras) de bar.
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Quien se encargaba de reclutarlas era Murillo Martínez, según Obando. Sin embargo, cuando las mujeres llegaban al país y aprovechándose de su vulnerabilidad, eran obligadas a realizar actividades sexuales, servicios que eran promovidos por la organización criminal dentro y fuera del Bar Pino.
“Una vez que las víctimas llegaban a Costa Rica les quitaban sus pasaportes y dos de los (ahora) detenidos (Pérez Noguera y Barrios Álvarez) las amenazaban con arma de fuego”, dijo Obando.
El costo del servicio sexual era de 13 mil colones (22.6 dólares) si lo hacían dentro del bar. Si salían del establecimiento el servicio costaba 20 mil colones (34.7 dólares).
“Además, con la investigación se logra documentar la explotación sexual en contra de la persona menor de edad, circunstancia que agrava los hechos y aumentaría la pena correspondiente de 8 hasta 16 años de prisión (para los sospechosos)”, informó la DGME.
Nicas en situación migratoria irregular
Las seis víctimas nicaragüenses estaban en Costa Rica en condición migratoria irregular, por tal motivo la organización criminal las ocultaba en zonas boscosas cuando se realizaba algún operativo policial.
De igual forma las autoridades determinaron que Montoya Campos se aprovechaba de su cargo de policía para informar de previo a la líder Martínez Lainez, cuándo se iba a realizar un operativo policial, con la finalidad de que ella ocultara a las mujeres que eran prostituidas en el bar.
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El sospechoso Barrios Álvarez era quien se dedicaba a ocultar, encubrir, cuidar y vigilar a las mujeres para que no fueran detectadas por la Policía.
Con el mismo modo de operar
Hace aproximadamente un año la Policía Profesional de Migración y la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes desarticularon una banda de nicaragüenses integrada por cinco personas, investigada en este país por usar como esclavas sexuales en bares de la zona norte a mujeres, en su mayoría nicaragüenses.
Los cinco investigados por el delito de trata de personas son una pareja de hermanos nicaragüenses de apellidos Rivera Carrión. La mujer es naturalizada costarricense, tiene 39 años, y el hombre tiene 37 años y con residencia tica. Ambos eran líderes de la banda, según la Policía de Migración de Costa Rica.
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Los otros tres detenidos y encarcelados son la hija de la líder de la banda, de 22 años y naturalizada costarricense, así como dos mujeres nicaragüenses de apellidos Hernández Gonzales y Hernández Valle, quienes estaban en condición migratoria irregular en el país.
La Unidad de Investigación de la Policía de Migración desarticuló a la banda el 2 de septiembre de 2016 durante tres allanamientos en la Fortuna de San Carlos, Alajuela.
Como víctimas se identificaron a cinco mujeres nicaragüenses, aunque las supuestas víctimas halladas en los bares en día del allanamiento fueron más.
Mismo accionar criminal
Según Obando, estos dos casos son diferentes, pero el accionar criminal de los acusados es el mismo: viajaban a Nicaragua a reclutar a mujeres nicaragüenses mediante engaños, ofreciendo trabajo como saloneras (meseras) de bar con buena paga.
Trasladaban a Costa Rica a las mujeres de manera irregular por los llamados puntos ciegos en la frontera. Una vez que estaban en este país, las obligaban a prostituirse.
Las víctimas eran drogadas para que mejoraran su rendimiento sexual con sus clientes. Este es el testimonio de dos nicaragüenses ante el Ministerio Público y la Policía migratoria que eran sometidas a prostitución, según la fiscal del caso Natalia Álvarez.
6 mujeres nicaragüenses que eran prostituidas por la red de trata de personas, fueron rescatadas del Bar Pino, situado en Santa Clara de Upala, en la zona norte de Costa Rica, informaron autoridades.
Condenada por tratante
Otro caso parecido ya resuelto por las autoridades costarricenses, es el de Blanca Nubia Castro Rivera, hoy de 35 años, quien fue detenida en 2013 y luego condenada a 27 años de cárcel por trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual.
En marzo de ese año las autoridades costarricenses rescataron a siete menores —cuatro originarias de Nicaragua— en un bar de Puerto Viejo de Sarapiquí, a unos 80 kilómetros al norte de San José y fronterizo con Nicaragua.
Ahí, según las autoridades, las víctimas eran obligadas a prostituirse por Castro Rivera y Carmen Sandoval, también nicaragüense, según las autoridades. Cuando la Policía allanó el bar, una de las menores estaba en un cuarto con un cliente.
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Una de las jovencitas, de 15 años, relató que fue traída desde Nicaragua con la promesa de trabajar como niñera, pero fue obligada por las dos mujeres a prostituirse a cambio de unos 10,000 colones (unos US$20 en ese año) y la obligaban a consumir drogas.
Además de las menores, los agentes rescataron a una nicaragüense de 28 años, quien también fue llevada a Costa Rica por medio de engaños. Le dijeron que sería mesera, pero la prostituyeron y la despojaron de sus documentos de identidad para que no pudiera fugarse.
Castro Rivera, de 35 años, negó la mayoría de los cargos durante una entrevista con LA PRENSA desde la cárcel de mujeres El Buen Pastor, ubicada al sur de San José, capital del país. Sí reconoció que era dueña de un bar donde tenía cuartos de alquiler para mujeres que se acostaban con los clientes, pero a su juicio, lo hacía como una actividad “normal” que se repite en “toda Costa Rica”.