Hoy, 21 de septiembre, comienza la campaña electoral para las votaciones municipales del próximo 5 de noviembre. Esto es de conformidad con la Ley Electoral, que en su Artículo 86 establece que la campaña electoral de los municipios tendrá una duración de 42 días.
Las elecciones municipales motivan a los ciudadanos menos que las presidenciales, cuando debería ser lo contrario, porque los gobiernos de los municipios están más cerca de la gente y tienen que ver directamente con la solución o no de los problemas específicos de cada localidad.
Según los estudios electorales que hemos consultado, desde las elecciones de 1990 hasta las de 2001 Nicaragua tenía uno de los índices de participación electoral más altos de la región. Pero a partir de entonces la participación de los ciudadanos en las elecciones disminuyó drásticamente. De las elecciones de 2001 a las de 2011 el abstencionismo saltó de 10 por ciento a 39 por ciento. En las municipales, durante el mismo período, la abstención aumentó de 47.8 por ciento a 52 por ciento y en las regionales del Caribe el abstencionismo pasó de 61.9 por ciento a 64 por ciento.
Se conoce por la experiencia internacional que donde hay una transición a la democracia —como fue el caso de Nicaragua de 1990 a 2006—, se registra una alta participación electoral. Pero muchos se decepcionan con la democracia y sobre todo se enojan con los políticos que eligen, por el incumplimiento de promesas y la corrupción. Y en consecuencia aumenta el abstencionismo.
En Nicaragua ocurrió además que el sistema electoral sufrió una grave degradación. Según los expertos en elecciones, el país pasó de ostentar indicadores de transparencia, competitividad y buena administración electoral superiores a los demás países de la región, a tener los peores. Las elecciones municipales de 2008 fueron calificadas como “las más fraudulentas de la historia” nacional y desde entonces el sistema electoral de Nicaragua no ha cesado de corromperse todavía más.
Las elecciones —nacionales, regionales y municipales— son oscurecidas por la desconfianza, el temor al fraude y la certeza de los ciudadanos, inclusive de muchos que apoyan al régimen, de que sus votos no son respetados.
De manera que la expectativa de las elecciones municipales del 5 de noviembre no es qué partido resultará vencedor, o cuántas alcaldías ganará el oficialismo y cuántas la oposición, sino cuál será la magnitud del fraude gubernamental y de la abstención de los ciudadanos.
El año pasado los partidos de oposición y organismos de la sociedad civil estimaron que la abstención electoral fue más o menos del 70 por ciento. Por eso el orteguismo ha implementado para las elecciones municipales de este año, diversas artimañas como por ejemplo la reducción del número de juntas receptoras de votos y la repartición de cédulas a menores de edad, a fin de reducir u ocultar la magnitud de la abstención.
Si las maniobras oficialistas tendrán resultado, o no, se podrá apreciar en la afluencia o la ausencia de ciudadanos en los centros de votación. Porque esto es algo que no se puede ocultar.