El Ministerio Público y los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) habrían logrado que se deje claro en la reforma a la Ley del crimen organizado que hasta que exista sentencia firme contra involucrados en casos de alta criminalidad será efectiva la adjudicación a un banco de una propiedad relacionada con ese tipo de hecho y que sea garantía de un crédito financiero.
Durante la consulta de la propuesta de reforma el pasado martes en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, los del PLC se negaron a firmar el dictamen porque no quedaba claro cómo se procedería cuando una persona acusada por delitos relacionados con la Ley 735, al final del juicio obtiene un fallo de inocencia pero su propiedad pasó a manos del banco e incluso fue vendida para saldar la deuda.
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Jimmy Blandón, diputado designado del PLC, explicó que se consiguió que los sandinistas incluyan en el artículo 61 de la Ley 735 “que el decomiso de la propiedad lo ordenará el juez penal hasta que se haya agotado en la vía civil el reclamo de ese bien, y muy importante es que se da oportunidad al particular de defender su propiedad en la vía civil”.
Acción del Sistema Financiero
El diputado Jimmy Blandón explicó que se mantendrá en la reforma a la Ley 735 que el banco quedará en resguardo de un bien que sea garantía de un crédito, cuando se le relacione a un caso de narcotráfico.
“Nos agrada que la Fiscalía presentó por escrito lo que reclamábamos, y es que si alguien está preso por narcotráfico pero su familia sigue pagando la deuda el banco no puede proceder el embargo de la propiedad, únicamente si hay insolvencia el banco podrá reclamar el bien en una causa civil y si obtiene sentencia a su favor, hasta entonces la sede penal ordenará la entrega de esa propiedad”, dijo.
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