La Asamblea Nacional, en la que el partido FSLN impone su voluntad como una aplanadora, aprobará esta semana una reforma a la Ley 735.
Esta es la Ley de Prevención e Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados, la cual fue aprobada el 9 de septiembre del 2010 y puesta en vigencia con su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, del 19 y el 20 de octubre del mismo año.
La reforma que se aprobará esta semana se refería originalmente a los bienes incautados a los implicados en el tráfico de drogas y fue negociada por el Gobierno con el Cosep. Su propósito, de acuerdo con la información publicada por LA PRENSA el viernes pasado, es que los bancos puedan “adjudicarse las propiedades que sean garantía de un crédito bancario, aún cuando estén relacionadas a un caso vinculado a la Ley 735”.
Este objetivo de la reforma es correcto. No es justo que los bancos pierdan lo que han invertido en créditos otorgados de buena fe, sin tener conocimiento de que los prestatarios están involucrados en actividades criminales.
Pero no solo los bancos deben de ser protegidos por la Ley. También las otras personas y empresas que conceden créditos y prestan servicios de diversa clase a quienes resultan comprometidos en esas actividades criminales, sin saber previamente que lo son, tienen derecho de recuperar lo que han prestado, alquilado o invertido.
Esto es tan claro que no se entiende por qué la comisión dictaminadora de la reforma a la Ley 735 rechazó de manera tajante la propuesta presentada por diputados del PLC, de que no solo los bancos sino también las demás empresas y personas afectadas por las incautaciones sin ser cómplices de los delincuentes, puedan recuperar lo que hubiesen invertido.
Se conocen casos de personas que alquilan vehículos automotores o rentan casas sin saber a qué se dedican quienes contratan esos servicios, y al ser decomisados los bienes se los dan a funcionarios y miembros del partido gobernante, o sus aliados, en vez de devolverlos a sus legítimos dueños. Esta es una práctica corrupta a la que se debería poner fin aprovechando la reforma a la Ley 735.
Tampoco se ha entendido por qué los diputados orteguistas han rechazado la propuesta de que para recuperar las garantías prendarias incautadas a los criminales, se tiene que demostrar que “se cumplió con el seguimiento de las personas o empresas a las que financió y que alertaron a las autoridades en los casos de sospechas de que esas personas estaban involucradas en actos ilícitos”. En esto la ley tiene que ser estricta y precisa.
El régimen orteguista debería tener mucho cuidado en lo que se refiere a la legislación contra el narcotráfico, lavado de dinero y otras formas del crimen organizado nacional e internacional. Por algunas asociaciones políticas turbias del régimen orteguista, especialmente con la narcodictadura venezolana, Nicaragua está en la mira de los organismos estadounidenses e internacionales que persiguen las redes criminales. Para evitar las sanciones que contemplan las leyes de EE.UU. no basta con cabildear en Washington. Ante todo hay que actuar y legislar con transparencia y aplicar rigurosamente la ley.
