El día 28 de agosto recién pasado, Ortega emitió el decreto No. 15-2017. Mediante dicho decreto el dictador se arroga la facultad de autorizar, a través de los asalariados que dócilmente le sirven desde el Marena, la ejecución de cualquier proyecto de inversión, obviando, en forma irresponsable, la exigencia de presentar previamente un Estudio de Impacto Ambiental efectuado siguiendo las normas científicamente establecidas para estudios de esa naturaleza. Guardando por una vez las apariencias, la eliminación que este requisito trajo consigo la derogación del decreto No. 76-2006.
No hay que ser muy listo para descubrir el objetivo de esta condenable maniobra: se trata de limpiar de obstáculos el camino de la corrupción, de hacer que a la hora de las realidades, el requisito único para autorizar la ejecución de un proyecto sea el que la dictadura haya podido llegar, con alguno de los actores interesados —los inversionistas mismos, o alguien a quien se otorgue la facultad de mercadear con terceros la graciosa concesión— a una componenda que todas las partes involucradas consideren altamente —o, mejor aún, obscenamente— rentable. Desde luego con independencia de consideraciones sociales, éticas o legales.
Lo demás vendría por añadidura; sobrarían serviciales especímenes conocidos como “ministros”, “diputados” o “magistrados”, prestos a firmar cuanto sucio papel su amo les ponga por delante, y no faltarían absurdos cuentos chinos urdidos para ensalzar las bondades y justificar la urgente adjudicación de cuanto proyecto despierte la insaciable voracidad del tirano.
Naturalmente, la destrucción de nuestro ecosistema y los irreparables daños que se inflija, tanto a los nicaragüenses actuales, como a los del futuro, no tienen la menor importancia. Lo que cuenta es seguir acumulando inmensas riquezas que contribuyan a elevar deprimidas autoestimas y que, haciendo posible la adquisición de conciencias en permanente subasta, fortalezcan su poder de manejar el país como si de una finca se tratara. Y si para ello hay que intensificar la ya desenfrenada tala de nuestros bosques, hay que envenenar nuestras tierras y nuestros trabajadores con mercurio y otros tóxicos, hay que secar o contaminar nuestras fuentes de agua superficiales y subterráneas, hay que convertir nuestros lagos en pútridos charcos, hay que desarraigar a nuestros campesinos de su suelo, ese suelo sobre el que derraman sudor, así sea…
Desafortunadamente, el dictador no se encuentra solo en las negociaciones que con los recursos pertenecientes a todos los nicaragüenses ha venido haciendo, cada vez con mayor descaro; lo acompañan algunos glotones socios menores que desde ya se frotan las manos pensando en la parte que de la venta de Nicaragua les puede tocar. Como lo hicieron cuando se enteraron de la criminal transacción cuyo pretexto justificativo ha sido un fantasioso “canal interoceánico”.
Pero, para desgracia de Ortega y sus siervos, aún existen en Nicaragua más de cien patriotas que estén dispuestos a defender su dignidad y sus derechos. Era todo lo que pedía Sandino. Así lo habrá constatado el dictador, al igual que sus clientes de dentro y fuera del país, cuando inesperadamente —para ellos que los menosprecian— se encontraron con la férrea resistencia de miles de campesinos que han levantado la bandera de la decencia, la dignidad, la soberanía y la defensa de los recursos naturales y el medioambiente de nuestra Nicaragua. Y ha llegado la hora de que los nicaragüenses nos decidamos, apartando temores y mezquinos intereses, a seguir el ejemplo de esos heroicos campesinos, a no permitir que se siga mancillando el honor y destruyendo el futuro de nuestra patria y sus hijos.
La hora de no tolerar más esa corrupción que carcome las entrañas de nuestro país y que, terrorismo silencioso, cada día condena más nicaragüenses a la miseria, al desempleo, al abandono en sus enfermedades, y a la entrega de sus dignidades, algunos por pan, otros por cargos que sueñan jugosos… Esa corrupción que inevitablemente engendran las tiranías, su instrumento esencial para sojuzgar a los pueblos, despojarlos de todo derecho y transformarlos en mansos rebaños. Un instrumento que, empezando por quienes lo blanden, debe, puede, ser extirpado, como lo están demostrando nuestros hermanos guatemaltecos. Cierto, sus circunstancias son diferentes, pero son ellos quienes las han venido creando. ¿Por qué no podemos hacerlo los nicaragüenses? Es nuestro turno…
El autor es presidente del partido de acción ciudadana.