Injurias y calumnias
Uriel Pineda Quinteros

Terremoto de México y la ciudadanía activa

El terremoto ocurrido en la zona centro de México el pasado 19 de septiembre nos ha trastocado a todos de alguna manera, incluso hay quienes lo vivimos. Pero más allá de la tragedia, el sismo dejó a mi juicio, un precedente de ciudadanía activa en el diálogo democrático que merece la pena ser destacado.

En el terremoto de 1985, México no era una democracia, ese régimen político fue catalogado algunos años después por Mario Vargas Llosa como una “dictadura perfecta”. En la dinámica de un país no democrático, el régimen político, bajo ninguna circunstancia, puede permitir que cualquier situación sobrepase su capacidad de brindar respuesta, pero en la realidad esto ocurrió en 1985 en México, ya que fue la misma población, quien se organizó y asumió tareas de rescate. La solidaridad del pueblo mexicano para consigo misma, no solo es parte de la memoria de este pueblo, sino que quedó inmortalizada en el monumento a la solidaridad que se erigió a un extremo de la Alameda Central.

Ante esta nueva catástrofe, los hijos y nietos de esa generación de héroes anónimos se volcaron a las calles para remover escombros, dirigir el tráfico, improvisar centros de acopio e interactuar con autoridades y rescatistas (muchos extranjeros) en las labores requeridas. Puedo testimoniar que, en la zona circundante a mi residencia (una de las zonas más afectadas) sobraban las manos de voluntarios.

Pero una cosa es solidarizarse con vecinos o actuar ante una catástrofe de esta naturaleza y otra muy distinta es llamar a cuentas a las autoridades, de suerte tal que se pueda reorientar la gestión pública. Después del sismo, circuló en redes sociales una petición hecha por ciudadanos y asumida por change.org, donde se demandó a los partidos políticos que el financiamiento público que reciben fuese destinado a las personas afectadas por los sismos vividos en México recientemente.

La reacción inmediata de los partidos políticos fue calificar la medida de ilegal, pero la presión fue tan grande que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, doctor Lorenzo Córdova (funcionario señalado de discriminación contra los indígenas) difundió un mensaje explicando que existía una alternativa legal, y que esta ya había sido expuesta a los partidos políticos. Luego, los partidos políticos, uno a uno, anunciaron que renunciarían a algunos porcentajes de la asignación presupuestaria para un fondo de atención a las víctimas del sismo.

Alberto Herrera, director de change.org México, declaró que la petición rompió un récord internacional, ya que más de tres millones de mexicanos suscribieron la petición en tan solo tres días. Aunque considero que el debate sobre el tema es mucho más profundo, la clase política mexicana ya no puede ignorar la petición, es más, existe la posibilidad que se adopte una medida legislativa ante el clamor popular. El mensaje fue claro, la burocracia partidaria no debe vivir a costillas de los impuestos de los mexicanos y residentes en este país.

Este hecho, además refleja un precedente importante desde la libertad de expresión para Latinoamérica, las redes sociales ya no solo son un medio de expresión, sino es también un medio para ejercer la ciudadanía activa. Las acciones colectivas desde las redes sociales tienen el potencial de incidir en la clase política, no solo porque se hable de ellos, sino porque quienes hablan, tienen el potencial de influir en grupos más grandes o representativos.

Es importante aprendamos de ello en la lucha por restaurar la democracia en Nicaragua, y si consideramos que hoy el financiamiento público a los partidos políticos solo sirve para comprar zancudos y llenar los bolsillos del régimen, podríamos hacer una petición para eliminar el inconstitucional financiamiento público a los partidos políticos, eso sería el mejor insecticida contra los zancudos.

El autor es maestro en Derechos Humanos

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