Muertos de Ayapal no fueron protegidos por el Estado

Los tres hermanos asesinados en Ayapal, Jinotega, el pasado miércoles, William, Ludis y Raúl Artola Delgadillo, habrían contado con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hace más de diez años

La comunidad de Pueblo Amado es una de las más alejadas de Ayapal, al otro lado del río Bocay, San José de Bocay. LA PRENSA/ARCHIVO

Los tres hermanos asesinados en Ayapal, Jinotega, el pasado miércoles, William, Ludis y Raúl Artola Delgadillo, habrían contado con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hace más de diez años.

Así lo considera el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, que vincula el triple crimen con hechos ocurridos hace diez años en Nueva Guinea, tras una serie de hechos criminales de los que fueron víctimas personas con los mismos nombres y apellidos de las hoy víctimas, después de una denuncia de torturas y persecución.

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Los nombres de las víctimas y la situación de terror en que vivían en su comunidad les llevaron a ocultarse, supone la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.

De confirmarse que las víctimas son las mismas personas a las que CIDH le pidió protección al Estado de Nicaragua, según la defensora de derechos humanos, “hay una responsabilidad gubernamental”, en este caso. No obstante, aclaró la presidenta del Cenidh, “el único indicio que tenemos es precisamente la coincidencia de los nombres, que constan en un expediente que levantó el Cenidh desde 2007”.

Núñez hace referencia a hechos ocurridos en enero de 2007 en contra de esta familia, después que denunciaron actos de tortura sufridos por algunos integrantes de la misma y que involucraba a miembros de la Policía, en Nueva Guinea.

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Después de eso, fueron asesinados en acciones separadas y en circunstancias aún no esclarecidas Villanueva Delgadillo Obando y su esposo Gilberto Artola Delgadillo; también dos miembros de esa familia fueron abusadas sexualmente y otros fueron amenazados.

Núñez anunció que darán seguimiento al caso, pero adelantó que la matanza refleja la falta de seguridad que hay en el país y la impunidad existente en el campo, y demandó su esclarecimiento.

Medidas cautelares

La presidenta del Cenidh recordó que las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a favor de esa familia, “nunca las cumplió el Gobierno; nunca las aplicó”.

A pesar de que en esa ocasión la misma directora de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, visitó el lugar, “no hubo una protección eficaz, de tal manera que esta gente tuvo que huir del lugar”, recordó Núñez.

Y fue ante esa falta de respuestas de parte del Gobierno —señaló Núñez— que esa organización presentó el caso ante la CIDH, que emitió un informe de “admisibilidad”. El informe al que hace referencia la defensora de derechos humanos fue emitido en marzo de 2011.

Y en él se refiere que “el Estado argumenta que las presuntas torturas cometidas por los funcionarios de la Policía no han quedado en la impunidad y que el proceso penal contra los agentes estatales no ha concluido. Por esto, solicita se declare la inadmisibilidad de la petición por improcedente y porque no se nos han agotado los recursos de la jurisdicción interna”.

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Al admitir la petición, la CIDH explicó que aunque la información oficial indicaba que hubo investigaciones y un proceso penal “por las presuntas ejecuciones extrajudiciales y las violaciones sexuales”, el proceso penal culminó con la condena de una sola persona, “a pesar de que por la naturaleza y multiplicidad de los hechos alegados, participaron varias personas”.

En ese informe la CIDH dijo tomar nota del hecho que dos agentes policiales continuaban prófugos por los actos de tortura denunciados en enero del 2007.

“Y toma nota que los peticionarios alegan que las presuntas víctimas se han visto en la necesidad de mudarse de la región en vista de su situación de riesgo, en particular señalando que el Estado no ha atendido a la solicitud de medidas cautelares decretadas por la CIDH”.

Versión sobre crímenes

En una nota de prensa emitida este viernes, el Ejército de Nicaragua de forma escueta confirmó la matanza de los tres hermanos Artola Delgadillo como publicó LA PRENSA el viernes, por parte de delincuentes armados, quienes el miércoles 27 de septiembre los sacaron de su casa y los asesinaron a tres kilómetros al sur de Los Delirios de Wina.

Según la versión oficial, cuando los armados llegaron a la casa de la familia Artola Delgadillo, les robaron una pistola 9 milímetros, una escopeta, una subametralladora 23-25 y se llevaron a los hermanos  William, Ludis y Raúl Artola Delgadillo, quienes posteriormente fueron asesinados.

“El Ejército de Nicaragua está apoyando a la Policía Nacional en su desplazamiento a esta zona remota para el esclarecimiento de este hecho criminal”, refiere el Ejército.

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