Al menos 761 personas resultaron este domingo “heridas o contusionadas”, y dos de ellas “graves” en altercados entre ciudadanos y fuerzas del orden ante centros de votación del referéndum ilegal sobre la independencia de la región española de Cataluña, según las autoridades catalanas.
Por su parte, el Ministerio español del Interior indicó que diecinueve policías y catorce guardias civiles también resultaron heridos de carácter leve al intervenir para retirar urnas e impedir la celebración del referéndum como ha ordenado la Justicia, lo que ha generado momentos de tensión.
Las cargas policiales y otros incidentes provocaron heridos y contusionados de diversa consideración (alguno grave), uno de ellos por un pelotazo de goma en un ojo.
Los altercados durante la jornada del referéndum catalán, en imágenes
El Ministerio español del Interior apeló a la tranquilidad en las calles y pidió colaboración y respeto en los colegios electorales para que las fuerzas de seguridad puedan cumplir con la orden judicial de impedir de forma pacífica la celebración de la consulta, suspendida por Tribunal Constitucional.
El portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, atribuyó los heridos y contusionados a la “violencia policial del Estado” y les aconsejó que acudan a centros de salud para obtener un certificado médico y presenten una denuncia ante la policía autonómica (Mossos d’Esquadra).
Rajoy: las fuerzas han cumplido con su obligación
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó que las fuerzas de seguridad “han cumplido con su obligación y con el mandato que tenían de la justicia” para impedir el referendo de independencia catalana.
En un discurso televisado desde el palacio de la Moncloa en Madrid, Rajoy se mostró severo y afirmó que “hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña”, agregando que a tenor de lo ocurrido “nuestro Estado de derecho mantiene su fortaleza y su vigencia”.
El dirigente conservador arremetió contra la consulta secesionista, contra la que su gobierno presentó un recurso y que fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Según él, fue un “ataque premeditado y consciente al que el Estado ha reaccionado con firmeza y con serenidad”.
Igualmente defendió a la policía y la guardia civil, que tenían orden de mantener cerrados los colegios y este domingo cargaron -incluso con porras y pelotas de goma- contra manifestantes que querían mantener los centros de votación abiertos. En su intervención, los agentes requisaron urnas y demás material electoral.
“Han cumplido con su obligación y con el mandato que tenían de la justicia”, dijo.
Después de que figuras de la izquierda pidieran su dimisión por las escenas de las cargas policiales, Rajoy descargó por otro lado toda la responsabilidad en el ejecutivo secesionista catalán de Carles Puigdemont, que convocó el referendo.
“Los responsables de estos hechos, de los que han tenido lugar hoy (…) son única y exclusivamente quienes han promovido la violación de la legalidad y la ruptura de la convivencia, no busquen más culpables, no los hay”, declaró.
El referéndum catalán
La consulta, que ha desatado una de las peores crisis políticas de España en décadas, fue convocado por el presidente regional Carles Puigdemont, después de que los partidos separatistas lograran una estrecha mayoría en el Parlamento catalán en las elecciones de 2015.
En el referéndum se plantea la siguiente pregunta a los ciudadanos: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?”.
Sea cual sea su resultado, el gobierno español no reconoce la legalidad de la consulta, que considera como inconstitucional.
La ley del referéndum prevé declarar la independencia en un plazo de 48 horas en caso de victoria del ‘sí’. Pero no está claro si el gobierno regional lo hará, dadas las circunstancias en que se celebra la consulta.
Cerca de 5,3 millones de personas están convocadas a las urnas, según las autoridades catalanas, que aseguraron que la mayoría de los 948 municipios de la región aceptaron ceder locales para llevar a cabo el referéndum.
El gobierno español anunció, sin embargo, el cierre de la mayor parte de los 2,315 colegios electorales antes de la votación.