Se espera que hoy martes 3 de octubre la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (EE.UU.) apruebe la iniciativa de Ley Nica Act.
El objetivo de esta ley es castigar al régimen de Daniel Ortega por sus atropellos contra la democracia y violaciones de los derechos humanos, con sanciones para determinados funcionarios orteguistas y el voto de los EE.UU. en los organismos financieros internacionales, contra la aprobación de créditos para Nicaragua.
En caso de que la Nica Act sea aprobada por la Cámara baja del Congreso estadounidense, pasaría al Senado para su respectiva aprobación y ser ratificada después por el presidente Donald Trump.
Pero no solo con la Nica Act podría EE.UU. sancionar al régimen orteguista. Aunque esta ley no fuese aprobada, el gobierno estadounidense lo puede sancionar con medidas iguales o parecidas a las que está aplicando contra la dictadura venezolana de Nicolás Maduro, de quien Ortega es aliado incondicional.
En cualquiera de los dos casos, Nica Act o sanciones directas, los empresarios temen que causaría un grave daño a la economía nacional. Es por eso que representantes del empresariado del más alto nivel han ido a Washington para hablar con funcionarios de los poderes legislativo y ejecutivo de los EE.UU. y han contratado empresas de cabildeo para tratar de evitar las sanciones o suavizarlas en el sentido de que no afecten el clima de negocios de Nicaragua.
Pero el sector empresarial —al menos el que representa la Cámara de Comercio Nicaragüense Americana, Amcham—, está claro de que los cabildeos en Washington no son suficientes ni el factor más importante para poder evitar las sanciones estadounidenses.
“Amcham ha estado abogando por todo lo que es institucionalidad, democracia y Estado de derecho; todo el tiempo y cada vez que podemos remarcamos eso y es para nosotros prioridad para el bien de nuestra sociedad”, dijo a LA PRENSA el directivo de esta cámara empresarial, Diego Vargas, en declaraciones publicadas ayer por este Diario.
Vargas aseguró que el sector privado ve necesaria “la voluntad política del Gobierno para hacer los cambios institucionales que demanda la población”, entre los cuales mencionó “que las elecciones sean con transparencia”, “la separación de poderes en el Estado” y que “haya mejoras en el tema de la Corte Suprema de Justicia”.
En realidad, como hemos dicho en otras ocasiones, solo de Daniel Ortega depende que no haya sanciones estadounidenses de ninguna clase. Si Ortega pusiera el interés de Nicaragua por encima de su proyecto político personal y partidista —de eternizarse en el poder y disponer del país como si fuese un feudo familiar—, atendería las recomendaciones de Amcham que son las mismas de los demás sectores democráticos de la sociedad nicaragüense.
La fórmula contra la Nica Act y demás sanciones probables es el restablecimiento de la institucionalidad democrática, comenzando con un acuerdo del Gobierno con las fuerzas políticas para la celebración en la fecha oportuna de elecciones justas, pluralistas y transparentes.
