En septiembre de 2016 se conoció que 25 representantes de la Cámara Baja de los Estados Unidos (EE.UU.) introdujeron ante el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso una Ley denominada Acta de Condicionamiento de la Inversión Nicaragüense. La ley condiciona la oposición de EE. UU. a préstamos en instituciones financieras a Nicaragua.
Su contenido precisa decisiones del régimen que fueron causas que impulsaron la Ley. En 2009: pérdida de ayuda gratuita de 61 millones 500 mil dólares de la Cuenta Reto del Milenio por el fraude de las elecciones municipales de 2008; 2010: no aplicación del Artículo 147 de la Constitución para dar espacio a reelecciones indefinidas —que favorecieron la segunda reelección en 2011 de don Daniel Ortega—, informe del exembajador Robert Callahan que afirma que la reelección del señor Ortega fue ilegal e inconstitucional; que el período que precedió estas elecciones fueron afectadas por un grave fraude; que estas decisiones gubernamentales han lesionado las instituciones (Poderes del Estado); que esta conducta permitió “al partido de Gobierno hacer cambios en la Constitución incluyendo la extensión de cargos en el Ejército, la Policía; eliminación de restricciones para la reelección de alcaldes”; que Nicaragua no reúne los estándares de transparencia fiscal. El texto denuncia “abusos contra Derechos Humanos, restricciones, intimidación, acoso a periodistas, medios independientes, a la información pública, a ONG, y organizaciones de la sociedad civil.
El texto cronologiza abusos sesgados a promover la presencia de un solo partido; arrestos extensos en el tiempo sin procesos judiciales; expulsión de Nicaragua del director de Freedom House; de oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza y de un profesor universitario. Tolerancia a la corrupción en instituciones y poderes del Estado. Y anuncia que: noventa días después de aprobada laLey en el Senado el secretario de Estado presentaría al Congreso “un informe sobre el involucramiento de oficiales gubernamentales nicaragüenses de alto nivel incluyendo miembros del Consejo Supremo Electoral, el Sistema Judicial y Asamblea Nacional en actos de corrupción pública o de violaciones a los Derechos Humanos” (sic). Esta información sería oculta o pública.
Tras aprobarse la Ley el 27 de julio por el Comité de Relaciones Exteriores el régimen cobró a los EE. UU. 17 mil millones de dólares por daños en la guerra contra la dictadura sandinista en los ochenta y calificó la Ley como “injerencista”.
Históricamente el empresariado ha sido adversario de nuestras dictaduras; actualmente y sostenido en la Ley de Asociación Público Privada de septiembre de 2016, este empresariado formalizó su relación con el régimen. Así, Ortega atrajo al empresariado para compartir negocios y este, sin sopesar las acusaciones estadounidenses pactó esta alianza que busca insertar en su conducta política a un empresariado indiferente a las acusaciones de la Ley, y del país que es el mayor socio comercial nicaragüense.
Este año, como heraldos negros, políticos adversarios y empresarios pro régimen han viajado a Washington a acusarlo y a defenderlo y han pagado lobistas pretendiendo ocultar hechos denunciados en la Nica Act, para detener su aprobación. Si la Ley se coteja con la Constitución anterior a las reformas de 2010 se colegirá que está apegada a ella. Nunca fue suficiente un texto semanal pidiendo respeto a la institucionalidad porque siempre privó el interés de que el régimen les mejore las condiciones para hacer negocios sin inconvenientes. El empresariado nunca comprendió que, involucrarse con el régimen los arrastró a una situación grave, de la que ellos son también culpables.
Ahora es demasiado tarde. Ahí están las consecuencias.
El autor es abogado y notario.