Nica Act | Qué es y cómo surgió la iniciativa que quiere condicionar los préstamos de Nicaragua



Las claves para entender qué es la Nica Act

La Nica Act surgió como una medida para obligar al gobierno de Daniel Ortega a realizar elecciones libres, justas y transparentes.

03/10/2017
Estados Unidos, OEA, Luis Almagro

Vista general del Congreso de Estados Unidos, en Washington. LA PRENSA/ARCHIVO

Nica Act es la abreviatura en inglés del nombre completo de la iniciativa Nicaraguan Investment Conditionality Act, que en español significa Ley de condicionamiento a la inversión nicaragüense.

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Los autores de la primera versión de la Nica Act son los congresistas estadounidenses Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires, que comenzaron a impulsar este proyecto de Ley en 2016.

La Nica Act surgió como una medida para obligar al gobierno de Daniel Ortega a realizar elecciones libres, justas y transparentes, respetar los derechos humanos y restablecer la institucionalidad en el país, sino lo hace, la propuesta de ley establece que los préstamos que gestione Nicaragua ante los organismos financieros internacionales en los que Estados Unidos tiene influencia, no serán aprobados.

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El 11 de julio de 2016, diez congresistas encabezados por Ros-Lehtinen y Albio Sires, introdujeron por primera vez esta iniciativa ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen. LA PRENSA/ ARCHIVO

La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen. LA PRENSA/ ARCHIVO

El 21 de septiembre de 2016, el Congreso estadounidense aprobó por unanimidad la Nica Act. Pero a finales de 2016 esta iniciativa de Ley caducó, debido a que al entrar una nueva Legislatura en el Congreso de Estados Unidos en 2017, las iniciativas en proceso en la anterior Legislatura pierden vigencia.

Lea la respuesta del gobierno de Daniel Ortega al avance de la Nica Act

La segunda versión de la Nica Act

La nueva versión de la Nica Act fue introducida por 25 congresistas el 5 de abril del 2017, y, según los expertos, era más severa.

El 27 de abril de ese año también fue presentada ante el Senado de Estados Unidos, por el senador republicano Ted Cruz.

Esa nueva versión de la Nica Act también tenía como meta que todos los préstamos en beneficio del gobierno de Daniel Ortega, ante los organismos financieros internacionales no sean aprobados por EE.UU., “excepto por razones humanitarias, o para promover la democracia en Nicaragua”, algo que también contemplaba la anterior ley.

Marco Rubio, senador republicano de Estados Unidos. LA PRENSA/ ARCHIVO/ AP

Marco Rubio, senador republicano de Estados Unidos. LA PRENSA/ ARCHIVO/ AP

La versión final aprobada: “Magnitsky Nica Act”

Luego del avance que tuvo la iniciativa durante 2017, la Nica Act se estancó ante la efectividad del cabildeo promovido por los empresarios nicaragüenses contra el proyecto de ley. Sin embargo, con el estallido de la crisis sociopolítica de abril, el proyecto volvió a tomar fuerza.

En julio de 2018, el senador Bob Menéndez, con el respaldo de diez senadores de ambos partidos (republicanos y demócratas), presentó un segundo proyecto de sanciones: la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018, S.3233. En esta iniciativa se establece la imposición de sanciones a funcionarios del régimen de Daniel Ortega, responsables de la represión durante la crisis. Pero también incluye el tema de la corrupción en la nación centroamericana.

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. aprobó en septiembre de 2018 la fusión de las dos iniciativas de sanciones, versión que avanzó en ambas cámaras legislativas.

El senador Marco Rubio ofreció una enmienda a la propuesta de sanciones para el régimen de Ortega que solicita la elaboración de un reporte sobre los regímenes que estén proveyendo armamento y tecnología a Ortega para ser utilizados contra los manifestantes.

El proyecto de ley propone la designación de sanciones a individuos por medio de bloqueo de activos, prohibición de transacciones bajo la jurisdicción de Estados Unidos, propiedades o intereses en una propiedad, negación o revocación de visas, y penalidades económicas.

Los senadores y congresistas de los Estados Unidos, (de izquierda a derecha) Mario Díaz-Balart, Ileana Ros y Marco Rubio, promotores de la Nica Act. LA PRENSA/ EFE

Los senadores y congresistas de los Estados Unidos, (de izquierda a derecha) Mario Díaz-Balart, Ileana Ros y Marco Rubio, promotores de la Nica Act. LA PRENSA/ EFE

La iniciativa legislativa se enfoca en personas extranjeras, funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Nicaragua, y cualquier persona que actúe en representación de ese Gobierno, que sea responsable de ordenar, controlar o haber participado deliberadamente, de manera directa o indirecta, en las violaciones a los derechos humanos.

Esa misma responsabilidad está dirigida para los cómplices de las barbaries “que han asistido conscientemente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material y tecnológico dirigidos a reprimir y cometer abusos contra manifestantes que han participado en las protestas a partir del 18 de abril”, reza la propuesta de ley.

La medida también propone sanciones para funcionarios o exfuncionarios del Gobierno de Nicaragua, involucrados en la expropiación de bienes privados o públicos para beneficio personal o con fines políticos, actos de corrupción relacionados con tratados gubernamentales, sobornos, o la facilitación de transferencias. La propuesta de Menéndez y Ros-Lehtinen respalda una salida negociada a la crisis de Nicaragua que incluye el compromiso de celebrar elecciones anticipadas.

Los dictadores Rosario Murillo y Daniel Ortega. LA PRENSA/ ARCHIVO

Los dictadores Rosario Murillo y Daniel Ortega. LA PRENSA/ ARCHIVO

Otros aspectos de la iniciativa

El proyecto de Ley ordena la elaboración de un informe sobre corrupción en Nicaragua, una función que tiene que ejecutar el Secretario de Estado, y que deberá presentar a los 90 días de la promulgación de dicha ley, en consulta con las agencias de inteligencia, y en conformidad con la Ley de Seguridad Nacional de 1947.

(VIDEO) La primera versión de la Nica Act que fue aprobada en el Congreso

Otros aspectos que deberá certificar la Secretaría de Estado son el fortalecimiento del Estado de derecho; el respeto a la libertad de asociación y expresión; combate a la corrupción incluyendo la investigación y enjuiciamiento a funcionarios gubernamentales; protección al derecho (de organización) de los partidos de oposición política, a periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos y activistas de la sociedad civil a operar sin interferencia (de los aparatos del gobierno y paraestatales al servicio del régimen), dice la ley.

La iniciativa hace la advertencia de que deben haber avances significativos y creíbles en el restablecimiento de la democracia.

Tras ser aprobada la Nica Act en el Congreso y el Senado, la Ley otorga al presidente de Estados Unidos un plazo de 10 días para firmar la Ley y que entre en vigencia.


Esta nota fue publicada originalmente en 2017 y actualizada con los cambios realizados en 2018 a la iniciativa de ley

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