En junio de este año Bernardo Ramírez Caballero y su esposa vivieron uno de los momentos más felices de su matrimonio: estrenaron su departamento en una colonia de un cotizado barrio en el sur de Ciudad de México.
El edificio donde se encontraba su hogar era nuevo, apenas tenía nueve meses de construido cuando lo ocuparon los primeros inquilinos.
Tres meses después de llegar a su nueva casa, Bernardo y su esposa vivieron uno de los peores días de su vida.
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Todo cambió al mediodía del 19 de septiembre, cuando un sismo de magnitud 7,1 afectó a varias zonas de la capital mexicana.
La torre que albergaba el departamento colapsó, y dos de las seis que componían el desarrollo habitacional se derrumbaron por completo.
Murieron dos personas que no alcanzaron a desalojar los edificios.
La constructora que comercializó las viviendas dijo que fue un accidente de la naturaleza. “No ha dado la cara”, le dice Bernardo a BBC Mundo.
“Sólo enviaron un correo explicando que fue una causa fortuita, que estaban apenados. Pero no explican lo que pasó ni mucho menos dieron el pésame a la familia de esas dos personas” que fallecieron.
Sobrepeso
Dos semanas después del terremoto, Bernardo y sus vecinos no entienden por qué un complejo habitacional nuevo, que según los vendedores se construyó con materiales seguros, quedó inhabitable.
Pero no son los únicos, porque el caso es un eslabón más en la cadena de irregularidades que se han denunciado después del reciente sismo.
El gobierno de Ciudad de México elaboró una lista de los inmuebles afectados por el movimiento telúrico, pero la revisión de cada caso todavía no concluye.
Mientras, vecinos y organizaciones civiles afirman que en varios de los 38 edificios derrumbados -y otros con severos daños- existían anomalías que los hicieron vulnerables ante el movimiento telúrico.
Por ejemplo, algunos tenían anuncios espectaculares o antenas para retransmitir señal de telefonía móvil en las azoteas, algo que desde 2010 está legalmente prohibido en Ciudad de México.
Se trata de aditamentos con peso de entre cinco y 20 toneladas, colocadas sobre construcciones que no fueron diseñadas para soportar ese volumen adicional.
Las consecuencias se conocieron tras el sismo.
“De los edificios que se cayeron, cuando menos dos tenían anuncios espectaculares en la azotea”, le dice a BBC Mundo Jorge Carlos Negrete Vázquez, presidente de la Fundación por el rescate y la recuperación del paisaje urbano.
Es una organización civil que desde hace varios años denuncia irregularidades en la colocación de marquesinas de publicidad en espacios prohibidos.
“Otros 50 con daños tienen anuncios espectaculares en las azoteas. Hablamos con varios ingenieros: cuando diseñas un edificio es para una carga específica”, explica.
“Un anuncio espectacular altera su estabilidad, (el inmueble) tuvo que haberse diseñado exprofeso para soportar la carga adicional”.
Cada marquesina pesa, en promedio, entre cinco y siete toneladas y la altura del cartel equivale a dos pisos adicionales. “Eso es suficiente para alterar la estabilidad del edificio”.
Uno se encontraba en la esquina de la avenida Viaducto Miguel Alemán y calle Torreón, en la colonia Del Valle Norte, y otro era una sucursal de la cadena Soriana, en el barrio de Taxqueña al sur de la ciudad.
En otro, la fábrica de costura en la esquina de Chimalpopoca y Bolívar, colonia Obrera, había antenas para retransmitir señal de telefonía celular.
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dice que la Procuraduría (fiscalía) General de Justicia ya investiga las denuncias. El primer paso es verificar qué sucedió en esos edificios colapsados
“Es integral el peritaje, tendrá que venir un rubro que nos diga cualquier elemento que haya sido causa del resultado”, dijo a medios locales.
Si la revisión determina que el peso de los anuncios influyó en el derrumbe de los inmuebles, “pues estarán incluidos en esa conclusión”, dijo.
Remodelaciones
Pero los anuncios espectaculares no son el único problema que reveló el sismo.
Según denuncias de vecinos, en algunos de los inmuebles dañados se utilizó material de baja calidad para las construcciones, o no se respetaron los planos originales de edificación.
Incluso hay denuncias de edificios que fueron desahuciados por las autoridades porque tuvieron severos daños en el terremoto de 1985, pero que nunca fueron demolidos.
Algunos se remodelaron y luego se vendieron como edificios de lujo en las zonas más cotizadas de la capital, como el barrio La Condesa.
Después de ese terremoto el reglamento de construcciones se modificó para hacerlo más estricto. Por ejemplo fueron prohibidos los edificios con más de cuatro pisos, para prevenir desastres como los del terremoto que causó la muerte a 12.000 personas.
Hubo casos más graves, como el colegio Enrique Rébsamen, donde murieron 19 niños y ocho adultos.
La delegación (municipio) de Tlalpan, donde se ubica la escuela, acusó a exfuncionarios de autorizar una ampliación ilegal en el edificio derrumbado, uno de tres que componían el complejo.
En ese lugar, según la delegada Claudia Sheinbaum, se construyó sin permiso un departamento donde vivía la dueña del colegio, Mónica García Villegas.
Es parte de la investigación de las autoridades, le dice a BBC Mundo el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez.
Una parte de las pesquisas incluye los edificios que debieron demolerse y se revendieron.
“Si la remodelación no tuvo nada que ver con elementos estructurales sino solamente con embellecer el inmueble, ponerlo presentable, claramente se ve que mantuvo los índices de diseño previo a 1985”, dice.
“Es la parte que tendríamos que analizar”.
Legalismos
¿Por qué se permitieron estas irregularidades?
Organizaciones civiles, como el Frente ciudadano salvemos la ciudad, creen que no se vigilan las construcciones que se realizan en la capital mexicana.
El secretario Gutiérrez reconoce que es un problema de atribuciones: al gobierno central de Ciudad de México sólo puede supervisar obras mayores.
“Salvo que esté en un rango superior a los 10.000 metros de construcción, la Secretaría no se entera, es un trámite directo ante la delegación”, dice el funcionario.
Las delegaciones, a su vez, dicen que no tienen personal suficiente para revisar todas las edificaciones.
Y allí empieza el problema, porque en la ausencia de supervisión nacieron algunos de los edificios, casas y comercios que ahora mantienen a cientos de capitalinos refugiados en albergues, en casa de sus familias o en las calles.