La democracia ha sufrido un grave quebrantamiento a lo largo de los 10 años y 9 meses que Daniel Ortega lleva en el poder, desde que lo volvió a tomar en enero de 2007.
Desde entonces todos los poderes del Estado fueron subordinados al Ejecutivo que detenta Daniel Ortega y lo ejerce en forma autoritaria.
La seguridad jurídica fue sustituida por un poder dictatorial que reconoce, reparte o niega derechos no de acuerdo con la Constitución y la Ley, sino de manera discrecional.
Ya no hubo más elecciones libres y limpias y el principio y norma de la alternabilidad democrática en el poder fue arrancado de las páginas constitucionales.
El Ejército y la Policía fueron obligados a “regresar a sus orígenes sandinistas” y volvieron a ser entes partidistas subordinados a un caudillo político.
Los gobiernos municipales y las universidades públicas perdieron de hecho su autonomía constitucional.
La oposición fue dividida y devastada y una buena parte de ella ilegalizada y excluida.
Las organizaciones de la sociedad civil fueron privadas de la cooperación externa —por presión del Estado a los cooperantes—, acosadas y debilitadas.
La Educación perdió su carácter nacional y su sentido humanista y científico para convertirse en un medio de adoctrinamiento de los niños, adolescentes y jóvenes estudiantes.
La libertad de prensa fue severamente restringida mediante la monopolización oficialista de medios de comunicación, la presión sobre los pocos medios independientes y el cierre de los accesos a las fuentes de información.
En realidad son incontables y muy graves los daños que Daniel Ortega le ha hecho a la democracia.
Pero hay que reconocer que Ortega no engañó a nadie. Él actuó con premeditación y de previo anunció públicamente lo que haría. En octubre de 2005, 13 meses antes de las elecciones que ganó con solo el 38 por ciento de los votos, Ortega dijo que no estaba satisfecho “con esta democracia” y que se proponía “quebrar el sistema presidencialista para —según él— democratizar el poder”.
Después que se instaló nuevamente en el poder, en enero de 2007, Ortega proclamó que ahora el presidente de Nicaragua es el pueblo y él es “el pueblo presidente”. Entonces, y con ese cuento, comenzó a desmantelar la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, de los cuales solo dejó la fachada.
Pero la democracia no está perdida para siempre en Nicaragua. Es posible recuperarla y reconstruirla, para lo cual no sería necesario volver a la violencia que Daniel Ortega predicó y practicó contra la dictadura somocista.
Como dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el 23 de marzo de este año, refiriéndose directamente a Venezuela e indirectamente a Nicaragua, en nuestra época “de una dictadura se sale por elecciones”.
Ese es el anhelo y el objetivo de todos los nicaragüenses que tienen derecho a vivir en un sistema democrático y demandan que vuelva a haber elecciones libres, para comenzar una nueva transición pacífica a la democracia.
