Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a Francisca Ramírez

La resolución de la CIDH insta al Estado que adopte las medidas necesarias que garanticen a Francisca Ramírez desarrollar sus actividades como defensora de derechos humanos sin ser objeto de amenazas y hostigamientos

Francisca Ramírez, dirigente campesina

Francisca Ramírez, dirigente campesina anticanal. LA PRENSA/ARCHIVO

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la dirigente campesina anticanal Francisca Ramírez y de su familia, quien consideró que esto es “un gran respaldo para el movimiento y para los campesinos”. La CIDH solicitó al Gobierno adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de Ramírez.

“Creo que eran necesarias porque hay tantas cosas que este gobierno y el Estado de Nicaragua han venido atropellándonos”, sostuvo la dirigente campesina, tras señalar que “eso nos da más fuerza para seguir la lucha”.

Ramírez al igual que la directora de Popol Na, Mónica López, una de las organizaciones peticionarias junto con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), recordaron que también hay una solicitud similar para las comunidades afectadas con la llamada ruta del Canal. López destacó que el trámite es lento por la cantidad de población y territorios que abarca la solicitud.

En la resolución 33/2017 la CIDH expresa que otorga las medidas cautelares a favor de Ramírez por ser objeto de amenazas, hostigamientos y actos de violencia en su contra y pide al Estado de Nicaragua informe sobre las acciones adoptadas en cuanto a la investigación de los hechos alegados “que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.

Entre la información aportada ante la CIDH para ilustrar la presunta criminalización de la cual sería objeto Ramírez, resaltan las detenciones de manera arbitraria en varias ocasiones durante los años 2014, 2015 y 2016 por diferentes motivos, presuntamente relacionados con su labor como defensora, y las amenazas de muerte recibidas.

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Y reseña que según la denuncia en octubre de 2016, uno de los hijos de Ramírez, de nombre Gleybing López Álvarez, habría sido asaltado por un grupo de personas fuertemente armadas y con uniforme militar.
También destaca el atentado contra su hijo Maynor López Ramírez, el 23 de abril del presente año, cuatro días después que Ramírez y su cónyuge fueron objeto de una persecución por personas vestidas de uniformes militares cuando se movilizaban entre comunidades del sector.

Igualmente fue denunciado la intimidación a la esposa de un trabajador cercano a Ramírez el 4 de mayo de 2017, por parte de tres hombres no identificados y encapuchados para presionarla a decirles información sobre la dirigente campesina. Y señala que en su última comunicación en agosto pasado los solicitantes de los medidas cautelares a favor de Ramírez indicaron que la situación de riesgo persistía pues a inicios de ese mes el vehículo del hermano de Ramírez, Faustino Felipe Flores Gutiérrez, » habría sido abierto por personas desconocidas quienes habrían dañado el sistema eléctrico del mismo, a pesar de que no habrían robado ningún artículo al interior del mismo».

La resolución destaca las llamadas de parte del secretario político del Gobierno en la zona que le habría señalado entre otras cosas que “está siendo manipulada por las organizaciones de derechos humanos y que ella está intentando engañar a las personas”. A su vez, las declaraciones de esa misma persona que habría declarado en programas de radio que Ramírez y su movimiento constituirían «un grupo político que quiere tomar el poder y minar al gobierno actual».

El especialista en derechos humanos Ramón Eugenio Rodríguez calificó las medidas cautelares a favor de Ramírez como “sumamente importante para esta familia y la labor que realiza toda persona que se sienta defensor o defensora de derechos humanos en Nicaragua, pues retoma el deber que tiene la CIDH ante las amenazas, riesgos y demás arbitrariedades que se han cometido y pueden continuar cometiéndose ante el poco respeto a los derechos humanos en el país”.

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Recordó Rodríguez que la CIDH ha otorgado otras medidas cautelares que aún están pendientes por parte del Estado como las de la presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), Lottie Cunningham, poblaciones de doce comunidades indígenas de la Costa Caribe Norte por el conflicto con los colonos, las dictadas a favor de Carlos Humberto Bonilla Alfaro y María Gabriela García Morales entre otras.

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